El exfuncionario remarcó que el nuevo marco normativo habilita mecanismos para formalizar recursos y depositarlos en el sistema financiero, sin presiones tributarias sobre ahorros previamente no declarados.
El ex titular de ARCA, Juan Pazo, afirmó que la reciente reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal constituye un cambio de paradigma para el sistema tributario argentino. Según el exfuncionario, la norma otorga a los ciudadanos la posibilidad de disponer de sus ahorros con total libertad, tras décadas de restricciones, inflación y un esquema fiscal que incentivó la informalidad. En declaraciones a Radio Mitre, Pazo sostuvo que la promulgación y reglamentación de la ley permite acceder a la formalización del ahorro y recuperar la confianza en el sistema financiero nacional.
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Durante la entrevista, Pazo destacó que la nueva normativa responde a la necesidad de normalizar la situación de millones de argentinos que, a raíz de la presión fiscal, buscaron alternativas fuera del circuito formal. “Venimos de un sistema tributario asfixiante que durante años empujó a los ciudadanos a la informalidad. Hoy, la ley ofrece incentivos concretos para volver al sistema formal y disponer del ahorro genuino”, remarcó el exfuncionario. El objetivo principal es canalizar esos recursos hacia la economía, permitiendo que los ciudadanos accedan a instrumentos de crédito, realicen inversiones o adquieran bienes como viviendas, vehículos o maquinaria.
La Ley de Inocencia Fiscal introduce una modificación sustancial en la relación entre los contribuyentes y el organismo recaudador. Hasta la entrada en vigencia de la norma, todos los ciudadanos se presumían culpables y debían probar la licitud de sus fondos. Ahora, el principio constitucional de inocencia se aplica de forma explícita: “Hoy somos todos inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario”, enfatizó Pazo. Esta perspectiva invierte la carga de la prueba y reduce la persecución sobre los ahorros de origen lícito.
El régimen contempla la declaración jurada simplificada del impuesto a las ganancias, un mecanismo que busca facilitar el cumplimiento fiscal. Según Pazo, el sistema precarga la información a partir de los ingresos y gastos deducibles de cada contribuyente, permitiendo confirmar o modificar los datos antes de la presentación. El pago en término genera un efecto liberatorio y presume la exactitud de la declaración, lo que impide que ARCA cuestione incrementos patrimoniales de aquellos que cumplan con los umbrales legales.
Uno de los aspectos centrales de la normativa reside en los límites que establece para el ingreso al régimen. En términos patrimoniales, el tope se ubica en 10.000 millones de pesos o su equivalente en dólares, siempre y cuando el interesado no supere un ingreso anual de 1.000 millones de pesos (aproximadamente US$ 650.000). El límite total del patrimonio asciende a US$ 6,5 millones. De este modo, la ley apunta especialmente a personas físicas, pequeños y medianos empresarios y ahorristas que, por distintas circunstancias, mantuvieron fondos fuera del sistema.
Pazo detalló que quienes adhieran al régimen pueden exteriorizar hasta tres millones de dólares, siempre que el patrimonio previo no supere los límites legales y que los fondos provengan de actividades lícitas. “No pueden ingresar al régimen fondos de origen delictivo, ni vinculados al terrorismo, la corrupción o el crimen organizado”, aclaró el exfuncionario. Los bienes comprendidos incluyen propiedades, automóviles, motos y dinero en efectivo, tanto en el país como en el exterior.