El secretario general de la central obrera, Jorge Sola, confirmó que recurrirán a la Justicia por considerar que el proyecto vulnera derechos constitucionales de los trabajadores.
Luego del paro nacional convocado por la CGT, la central sindical redobló su postura contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno y advirtió que, en caso de ser aprobada por el Congreso, iniciará acciones judiciales para frenar su aplicación.
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En diálogo con Infobae, el secretario general de la organización, Jorge Sola, fue categórico al anticipar los próximos pasos del gremialismo. “La vamos a judicializar. Hay dos principios constitucionales que están conculcados: el artículo 14 bis y el principio de no regresividad de los derechos sociales”, sostuvo.
Rechazo total a la reforma
Sola explicó que la medida de fuerza respondió a un rechazo integral del proyecto y no a aspectos puntuales. “No estamos hablando de un artículo. Estamos hablando del rechazo absoluto a la reforma. Cuando se tratara, ya teníamos decidido llevar adelante el paro”, afirmó.
El dirigente remarcó que la protesta no estuvo dirigida contra un gobierno en particular, sino contra el contenido del proyecto. Según sostuvo, la iniciativa se inscribe en un contexto social en el que “la gente está reclamando por el rompimiento del tejido social”.
También cuestionó la falta de diálogo con el Ejecutivo: “Hicimos doce movilizaciones, cuatro paros, y los trabajadores no están sentados en la mesa donde se discuten sus propios intereses”, señaló, al defender la legitimidad de las protestas sindicales.
Los puntos más cuestionados
El titular de la CGT enumeró los aspectos que, según la central obrera, implican retrocesos en materia laboral. Entre ellos mencionó la modificación del sistema de indemnizaciones, la posibilidad de convenios por empresa por debajo de los acuerdos colectivos, restricciones al derecho de huelga y cambios en la actividad sindical.
“Esto no es una modernización. Es un título romántico. No habla de tecnología ni de robótica: baja derechos, licúa indemnizaciones y limita la organización gremial”, sostuvo.
Asimismo, cuestionó la implementación del llamado “banco de horas”, al considerar que puede afectar la previsibilidad laboral. “Permite que el empleador decida cuándo se compensan las horas extra. Así el trabajador pierde ingresos y control sobre su tiempo”, afirmó.
La vía judicial como próximo paso
Al evaluar el impacto del paro, Sola aseguró que tuvo un alto nivel de acatamiento, especialmente entre los trabajadores formales. Según dijo, la protesta también recibió apoyo de pequeñas y medianas empresas que expresaron preocupación por la reforma.
De cara al futuro, el dirigente reiteró que el conflicto no terminará con la huelga. “La profundización del plan de acción implica decirle al Gobierno y al poder político que esta ley va en contra de derechos consagrados en la Constitución. Por lo tanto, la vamos a judicializar”, enfatizó.
Sola fundamentó la decisión al sostener que el proyecto vulnera el principio protectorio del derecho laboral y el de progresividad de los derechos sociales, consagrado en normas constitucionales y tratados internacionales.
El debate legislativo continúa, pero desde el sindicalismo ya anticipan que, si la reforma se convierte en ley, la disputa pasará del Congreso a los tribunales.