Al menos 18 damnificados formalizarán denuncias penales desde la próxima semana contra el empresario Oscar Zambolín, un familiar y los propietarios del terreno donde debía levantarse un edificio de departamentos sobre calle La Plata.
Un conflicto de alto impacto judicial comenzó a tomar forma en Santiago del Estero, luego de que 36 personas resultaran damnificadas por una presunta estafa inmobiliaria vinculada a la construcción inconclusa de un edificio ubicado sobre calle La Plata, entre Chaco y Chacabuco.
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Según la información recabada, el proyecto contemplaba la edificación de 36 departamentos, cuyos valores oscilaban entre 50 mil y 100 mil dólares. Sin embargo, la obra se encuentra paralizada desde hace aproximadamente dos años y nunca fue finalizada dentro de los plazos estipulados en los contratos.
Entre los compradores hay abogados, empleados del sector privado y familias trabajadoras que habrían invertido los ahorros de toda su vida con la expectativa de acceder a su vivienda.
Denuncias penales y posibles imputaciones
De acuerdo con lo confirmado, al menos 18 damnificados presentarán denuncias formales a partir del lunes en el fuero penal. La acusación estará dirigida contra el empresario Oscar Zambolín, un familiar suyo y también contra los propietarios del terreno donde debía concretarse el emprendimiento.
Las actuaciones no solo avanzarían en el ámbito penal, sino también en el civil, con el objetivo de exigir el cumplimiento de los contratos o, en su defecto, buscar una reparación económica.
La obra paralizada y el conflicto por el terreno
Uno de los puntos que agravó la situación fue que, según trascendió, el terreno donde se proyectaba la construcción no pertenecería al empresario señalado, sino a terceros propietarios. Incluso, existiría la intención de estos últimos de quedarse con la totalidad del edificio ante el presunto incumplimiento contractual, lo que incrementó la preocupación de quienes ya habían abonado gran parte o la totalidad del valor de sus unidades.
Testimonio de una de las damnificadas
Entre los afectados se encuentra la abogada Yasmín Julián, quien detalló que firmó un boleto de compraventa en febrero de 2020 y que la finalización de la obra estaba prevista para 2022, algo que nunca ocurrió.
Según indicó, durante el último año intentaron alcanzar una solución extrajudicial, pero no lograron arribar a ningún acuerdo. Además, sostuvo que desde un primer momento advirtieron una irregularidad relacionada con la titularidad del terreno.
La representación legal de los damnificados está a cargo de la doctora Perla Vergotini, quien impulsa acciones tanto en el fuero civil como en el penal. Entre los planteos, buscan que se cumpla con la entrega de las unidades comprometidas o que se autorice a los compradores a concluir la obra por su cuenta.
La causa comenzará a formalizarse en los próximos días y se espera que, con la presentación de las denuncias, la Justicia avance en la investigación para determinar responsabilidades en un caso que mantiene en vilo a decenas de familias.