La central obrera da por hecho que el oficialismo contará con los votos para que la ley quede sancionada esta semana. En el encuentro también anunciaron que harán una marcha el lunes.
La mesa chica de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió este miércoles y definió que irá a la Justicia si se aprueba la reforma laboral. También confirmaron que harán una marcha el lunes.
Con ese escenario, en el que la vía parlamentaria aparece cerrada, la conducción sindical decidió que no convocará a un nuevo paro general, como piden los gremios combativos. La evaluación interna es que una huelga en la antesala de una votación que dan por encaminada tendría bajo impacto en la votación del Senado y alto costo político.
La discusión pasará entonces por la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley en caso de que sea sancionada. Será el principal instrumento para cuestionar artículos que, según sostienen, vulneran derechos consagrados en la Constitución.
El dato político es que tampoco habrá una huelga impulsada por los sectores más duros. Los gremios combativos optaron por organizar una movilización al Congreso este viernes, día de la sesión en el Senado, sin paro nacional, lo que expone una diferencia táctica, pero evita una ruptura formal con la CGT.
La vía judicial como estrategia central
En la CGT sostienen que la reforma vulnera principios constitucionales básicos en materia laboral. Entre los ejes que analizan los equipos jurídicos sindicales —que trabajan hace semanas sobre el texto— para la presentación judicial figuran el principio de protección del trabajador consagrado en el artículo 14 bis y la no regresividad de los derechos sociales.
La central obrera apunta especialmente a los cambios vinculados con el derecho de huelga, la ampliación del período de prueba y la posibilidad de modificar esquemas indemnizatorios a través de convenios colectivos. También cuestiona la redefinición de conceptos salariales que podrían impactar en el cálculo de indemnizaciones.
El planteo se preparará para ser presentado ante el Fuero Contencioso Administrativo Federal con la intención de que se declare la inconstitucionalidad de la ley. En la conducción cegetista admiten que la Corte Suprema podría no frenar la norma en bloque y que muchos planteos deberán resolverse caso por caso. Aun así, consideran que la judicialización es el único camino con chances de impacto institucional una vez agotada la instancia legislativa.