El fiscal Carlos Stornelli presentó una denuncia en Comodoro Py luego de que el gobernador riojano afirmara que el Gobierno nacional “no puede llegar hasta el 10 de diciembre del 2027”.
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, fue denunciado por el fiscal federal Carlos Stornelli por presunta incitación a la violencia, a raíz de declaraciones realizadas en una entrevista radial en las que cuestionó la continuidad del gobierno de Javier Milei.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
La presentación judicial fue radicada en los tribunales federales de Comodoro Py, donde el fiscal solicitó que se investigue al mandatario provincial por posibles delitos de intimidación pública, apología del crimen, instigación a cometer delitos, incitación a la violencia colectiva y amenaza de sedición, todos contemplados en el Código Penal.
Las expresiones que motivaron la denuncia fueron realizadas en el programa “Mañana Sylvestre”, conducido por Gustavo Sylvestre por Radio 10. Allí, Quintela sostuvo: “Este gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre del 2027, si llegamos así llegamos con un país totalmente destruido, entregado”.
En otro tramo de la entrevista, al referirse a la crisis de 2001, el gobernador afirmó: “Tuvimos 39 compañeros muertos, ciudadanos argentinos muertos, es cierto, pero hay sacrificios que valen la pena, porque si no vamos a tener un genocidio social enorme, como lo estamos teniendo”.
En el escrito presentado ante la Justicia, Stornelli señaló que las manifestaciones públicas del mandatario “prima facie, podrían ser susceptibles de adecuación típica” en figuras vinculadas a la incitación a la violencia colectiva y a una posible afectación del orden constitucional, remarcando la gravedad institucional por tratarse de un funcionario en ejercicio de altas responsabilidades.
Asimismo, el fiscal pidió que se cite a Quintela a declaración indagatoria en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación, que establece que el juez debe interrogar a una persona cuando existan motivos suficientes para sospechar su participación en un delito.