La Asociación del Fútbol Argentino emitió un descargo firmado por su presidente. La Inspección General de Justicia había solicitado al Ministerio de Justicia que se designe veedores para acceder a información contable y financiera que no fue entregada pese a los requerimientos realizados.
La Inspección General de Justicia solicitó formalmente al Ministerio de Justicia de la Nación que se designe veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio Chiqui Tapia, para acceder a información contable y financiera que no fue entregada pese a los requerimientos realizados. En ese contexto, la entidad emitió un comunicado como respuesta que llevó la firma de su mandatario.
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“La AFA no será sometida a una veeduría ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley”, afirmaron en uno de los 7 puntos titulado “nuestra respuesta”.
Según la IGJ, la información fue requerida y no entregada por la entidad. La decisión se plasmó en una Resolución Particular firmada por el inspector general Daniel Roque Vítolo, quien reportó la detección de “graves irregularidades” dentro de la AFA. Tras conocerse este accionar, desde la Casa Madre difundieron un comunicado institucional compuesto por 7 ítems que llevó la firma de Tapia. Allí aseguran que la resolución de la IGJ “no implica sanción, ni interferencia en el manejo y administración de la entidad” y que se trata de una “medida preparatoria” con el fin de “determinar si corresponde adoptar medidas adicionales”.
“La pregunta es obligada: Si la veeduría no es una sanción, ¿por qué se funda en “graves irregularidades”? Porque si las irregularidades fueran realmente graves, la IGJ tendría la obligación legal de aplicar sanciones (multas, intervención, cancelación de personería). Pero no lo hace. Dice que “no es una sanción”. Entonces, ¿de qué “gravedad” estamos hablando?“, plantearon en un punto definido como ”contradicción insoslayable".
También hacen referencia al cambio domiciliario de la AFA a la Provincia de Buenos Aires que fue reconocido en las últimas horas. “La IGJ insiste en que la sede de Pilar es “falsa” porque en el predio no hay oficinas. Pero omite mencionar que el cambio de domicilio fue aprobado por la autoridad provincial competente, y que la inscripción en la Provincia es un acto administrativo válido y vigente“, argumentaron.
En el descargo aseguran que hay un “trasfondo político” en este accionar: “No se trata de controlar una asociación civil, sino de ejecutar una política pública que busca imponer las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) a través del debilitamiento institucional de la AFA, la principal defensora del modelo de clubes sociales”.
Finalmente, hay un mensaje dirigido “al fútbol argentino y al pueblo” donde remarcan que este deporte “no será cooptado por operaciones políticas ni por intereses empresariales que pretenden convertir a nuestras instituciones en mercancía”.
“Señor Inspector General de Justicia: si la veeduría no es una sanción, ¿por qué la presenta como si lo fuera? ¿Por qué habla de “graves irregularidades” si, según sus propios términos, sólo está recolectando información? La respuesta es sencilla: porque no es una medida técnica, es una operación política. Y las operaciones políticas no resisten el control judicial", sentenciaron.