Billaud cuestionó la baja de la edad de imputabilidad y advirtió posibles planteos de inconstitucionalidad

El titular del Ministerio Público de la Defensa de Santiago del Estero, Enrique Billaud, se refirió a la reciente sanción de la Ley 27.801, que establece un nuevo régimen penal juvenil y reduce la edad de imputabilidad a 14 años, durante una entrevista en Radio Panorama.

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El funcionario explicó que la norma fue publicada el 9 de marzo en el Boletín Oficial y establece que los adolescentes de entre 14 y 18 años que cometan delitos tipificados en el Código Penal pueden ser pasibles de sanciones penales, incluida la privación de la libertad.

Billaud consideró que el tratamiento legislativo fue acelerado, aunque aclaró que el debate sobre el tema se arrastra desde hace varios años. “El trámite fue exprés, pero la discusión viene desde hace tiempo”, señaló.

Críticas al impacto de la medida

El defensor también cuestionó la efectividad de la norma para reducir los niveles de inseguridad. Según explicó, las estadísticas indican que los delitos cometidos por menores representan entre el 2% y el 3% del total a nivel nacional.

“No es un número que permita tomar una medida tan grave como bajar la edad de imputabilidad”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que muchos de los menores involucrados en hechos delictivos provienen de contextos sociales vulnerables, con problemas familiares, falta de escolarización y situaciones vinculadas a las adicciones.

Billaud planteó que el problema debe analizarse desde una perspectiva más amplia, señalando que el Estado tiene responsabilidades fundamentales en materia de educación, salud, prevención de adicciones, promoción del deporte e inserción laboral.

“Un niño o adolescente que no está escolarizado o que carece de contención familiar tiene mayores posibilidades de caer en situaciones de calle o consumo de drogas, lo que muchas veces termina derivando en la comisión de delitos”, explicó.

Cuestionamientos constitucionales

Durante la entrevista, el titular del organismo también planteó objeciones jurídicas a la ley, al considerar que podría invadir competencias que corresponden a las provincias.

Según explicó, la normativa incluye disposiciones procesales que deberían ser reguladas por cada jurisdicción provincial, lo que podría derivar en planteos de inconstitucionalidad.

“El Congreso podría haber modificado solamente los artículos vinculados a la edad de imputabilidad y al máximo de la pena, dejando que cada provincia establezca su procedimiento”, sostuvo.

Además, señaló que la ley fija un máximo de 15 años de pena para menores, lo que a su criterio genera cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las sanciones.

Posibles acciones judiciales

Billaud adelantó que en los próximos meses podrían presentarse acciones judiciales contra la norma, antes de su plena implementación.

La ley establece un plazo de 180 días desde su publicación para su entrada en vigencia, período durante el cual distintos organismos podrían analizar la presentación de recursos.

En ese contexto, el funcionario indicó que el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina analizará el tema en una próxima reunión, donde se evaluará la posibilidad de impulsar una acción de inconstitucionalidad.

También cuestionó que durante el debate legislativo no se haya escuchado a distintos sectores especializados, como asociaciones de psiquiatras, psicólogos y organismos vinculados a la defensa de derechos de niños y adolescentes.

“No es un tema para tratar a la ligera. Habrá que ver qué consecuencias tiene en el futuro cuando comiencen a plantearse las acciones judiciales”, concluyó.