De aprobarse la iniciativa impulsada por el Gobierno, el beneficio sería para aquellos que todavía estudien. En la actualidad esa obligación vence a los 21 años, y una encuesta revela que la mayoría de los padres cree que la medida extenderá la adolescencia de los jóvenes.
La reforma que promueve el Poder Ejecutivo será enviada en las próximas semanas al Congreso. La norma fue pensada para una Argentina en la que todas las edades se han retrasado: las personas adultas viven más, los embarazos llegan más tarde y los hijos retrasan su ida de la casa paterna.
Pero como si todo eso no bastara, también es un país en el que los jóvenes son el principal blanco de la desocupación según datos del INDEC, mientras que el índice general de desempleo es del 6,7 %, entre las mujeres de menos de 29 años trepa al 16,7 %, y 11,9 % para los hombres. Y en la Capital Federal y el GBA, llega casi al 20 por ciento.
Nelly Minyersky, abogada de familia y una de las expertas que participó de la redacción del anteproyecto, explica que “este artículo se basa en el principio de solidaridad familiar. Lo que se busca es continuar la responsabilidad con quien se ha compartido un proyecto de vida, y ese hijo que está estudiando seguramente ha sido impulsado por los padres”.
El espíritu de esta iniciativa, según explicaron los juristas que escribieron el texto, es que la ley refleje lo que sucede con una clase media que suele financiar a sus hijos hasta que terminen los estudios. Aunque a pesar de esto es necesaria una norma porque los antecedentes indican que los aportes se cortan cuando los padres están separados y entonces, en la mayoría de los casos, cuando los hijos cumplen 21 la madre es la que termina haciéndose cargo de todos los gastos. Para redactar este artículo, los juristas se basaron en una infinidad de casos en los cuales la Justicia ya dictaminó a favor de mantener a los hijos hasta los 25 años.
Pero el cambio ya genera polémicas, y para la psiquiatra y psicoanalista Graciela Onofrio, “cada vínculo filial va a definir los límites del amparo económico”. En diálogo con el diario Clarín, agrega que “no necesitamos un padre más poderoso en épocas de paternidad tardía, porque corremos el riesgo de obligar a un padre jubilado a sostener a un hijo adulto sólo por el efecto de una ley. Así se corre el riesgo de fabricar hijos adultos “botines de guerra” de relaciones exconyugales disfuncionales”.
En la otra vereda el doctor Andrés Rascovsky, presidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, defiende con firmeza la aprobación de la iniciativa: “Es muy difícil desarrollarse sin el apoyo familiar en una sociedad tan competitiva. Porque ésta es una sociedad filicida donde los jóvenes están desprotegidos, y por eso me parece importante el cambio”.
De acuerdo con un sondeo de la consultora D’Alessio IROL, para la mayoría de los padres una medida así mantendrá a los hijos durante un lapso más prolongado en la etapa de adolescencia. La reforma establece como condición que los hijos vivan con sus padres, que no cuenten con recursos propios y que estén estudiando. Algo por lo cual queda claro que de recibir luz verde en el Congreso será un beneficio sólo para un segmento reducido de la población.