"Nos preocupa la mirada del Gobierno Nacional hacia las personas con discapacidad"

La secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Daniela Águila, manifestó su preocupación por el anuncio del presidente Javier Milei de vetar la Ley de Emergencia en Discapacidad recientemente aprobada por unanimidad en el Senado.

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“Venimos siguiendo el tema de cerca desde el debate y con alegría vimos cómo se aprobó sin diferencias políticas ni partidarias en un tema tan sensible. Nos duró poco cuando el presidente, riéndose, anunció que la iba a vetar, diciendo que era algo asistencialista y regresivo”, expresó Águila, visiblemente conmovida.

La funcionaria subrayó que se trata de una ley de emergencia, y como tal, busca garantizar respuestas urgentes a las necesidades de millones de personas. “Nuestra preocupación es que las personas con discapacidad siguen esperando. Esta ley obliga a tomar medidas urgentes porque impacta directamente en su calidad de vida. Nos preocupa la mirada del Gobierno Nacional hacia las personas con discapacidad, cuando debería ser garante de sus derechos. Causa mucha indignación, bronca e impotencia”, remarcó.

Desde su experiencia personal, Águila profundizó sobre la realidad cotidiana que atraviesan muchas familias. “Mi hijo tiene 25 años y sabemos lo que pasan las familias: no saber si tendrán coberturas, si accederán a la medicación, si podrán tener una vida independiente. No se están respetando las leyes que vienen a compensar déficit e igualar posibilidades”, afirmó.

“La mayoría de las veces somos las mamás quienes dejamos nuestros trabajos para hacernos cargo de esos cuidados, porque todo el andamiaje de apoyo que hoy tienen se desmantela con la ida de profesionales. Están sesgando muchos derechos de inclusión: educativa, laboral, deportiva y también el acceso a la medicación. Hay una franja de personas con enfermedades muy graves que no están recibiendo sus tratamientos. Muchos santiagueños con enfermedades de alta complejidad son atendidos en el Garrahan, que hoy atraviesa una situación terrible. Verlo venirse abajo duele mucho”, agregó.

Finalmente, Águila se refirió a las auditorías impulsadas por el Gobierno Nacional: “Dieron información totalmente tergiversada. El 11% de las personas del país, unos 5 millones aproximadamente, tienen algún tipo de discapacidad. Solo 1,2 millón accedió a una pensión, y ya se les quitó a miles. Además, pidieron una serie de documentos, básicamente un certificado de pobreza, y es muy difícil hacer todos los estudios de nuevo. Hacer una tomografía para validar un certificado no es tan fácil, porque se ocupan de las urgencias”.

Agregó: “Es un reclamo a nivel nacional: por unanimidad se pidió que se suspendan estas auditorías sin criterio. Estoy a favor de auditar, pero debe hacerse con fundamentos, ante hechos concretos. No con notificaciones masivas”.

"Le diría al presidente que tenga en cuenta que la discapacidad no es ajena a nadie, cualquiera de nosotros puede tenerla, ya que se puede adquirir a lo largo de la vida. Ahí, se va a dar cuenta que necesita apoyo y un sistema de protección especial. Espero que para garantizar estos derechos no tenga que llegar a esa instancia", dijo finalmente.