Será la primera audiencia del proceso en la que no participará la ex presidenta. En la jornada también se dará lectura a la imputación vinculada al sistema ferroviario.
El debate oral por la causa Cuadernos, que tiene como eje las anotaciones del ex chofer Oscar Centeno, se reanudará este martes desde las 9 con la decimotercera audiencia del año. En esta instancia, el Tribunal Oral Federal N.º 7 concluirá la lectura de la acusación formulada por la Unidad de Información Financiera (UIF) en el tramo conocido como “La Camarita”, y avanzará además con la imputación vinculada al sistema ferroviario.
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Durante la jornada, la UIF expondrá en detalle el caso de Luis Armani, presidente de Vialmani S.A. entre 2003 y 2015. Para el organismo querellante, está acreditada la existencia de pagos por alrededor de un millón de pesos realizados en 2013, y el propio empresario reconoció haber entregado dinero en efectivo al financista Ernesto Clarens con el objetivo de destrabar certificados de obra demorados. En paralelo, la firma de Armani recibió 18 adjudicaciones viales por más de 2.000 millones de pesos, tanto de manera individual como a través de uniones transitorias con otras constructoras.
Otro de los casos que se escuchará este martes es el de Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, presidente de ESUCO S.A. y accionista de DECAVIAL S.A. A Wagner se le atribuyen más de media docena de pagos de dádivas y un importante volumen de contactos telefónicos con exfuncionarios nacionales como Julio De Vido, José López, Roberto Baratta, Claudio Uberti y Cristina Kirchner.
El empresario admitió la existencia de pagos ilegales y llegó a declarar que el destinatario final de la recaudación era “El Malo”, en referencia a Néstor Kirchner, señalando que el sistema se interrumpió tras su fallecimiento y luego fue retomado.
La acusación de la UIF también pone el foco en Mario Ludovico Rovella, titular de Rovella Carranza Construcciones, quien habría realizado doce pagos ilegales por más de 3,5 millones de pesos. Rovella reconoció que Clarens le ofreció gestionar pagos atrasados ante Vialidad y que esos aportes fueron presentados como una “contribución” vinculada a la campaña electoral de 2011. En su caso, la prueba incluye registros de llamadas coincidentes con las fechas de las entregas de dinero.
A Armani, Wagner y Rovella se suma Juan Manuel Collazo, directivo de Helport S.A. y del Grupo Corporación América, a quien se le atribuyen 14 hechos de cohecho activo por más de 6,3 millones de pesos. Collazo reconoció haber entregado dinero en efectivo como “premio al éxito” por la gestión de cobros ante Vialidad Nacional, describiendo el mecanismo de pagos en dólares y pesos y los reiterados reclamos de Clarens.
El tramo ferroviario
Luego, el TOF 7 abrirá la lectura de la acusación correspondiente al tramo de subsidios al sistema ferroviario. La imputación fiscal apunta a un esquema de recaudación ilegal montado a partir de los fondos estatales destinados al funcionamiento de los trenes de pasajeros.
Según la acusación, esos recursos —transferidos para sostener el servicio y cubrir déficits operativos— habrían sido utilizados para el pago de sobornos a funcionarios nacionales, a través de un mecanismo basado en la asignación discrecional de subsidios, la sobrefacturación de costos, la simulación de gastos y la falta de controles, lo que permitía generar excedentes desviados de manera ilegal.
En el centro de este capítulo aparecen el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, señalado como uno de los principales organizadores del sistema, y su sucesor Juan Pablo Schiavi, acusado de haber dado continuidad a la maniobra. También figura Claudio Uberti, ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), como nexo entre el Estado y las empresas beneficiadas.
El tramo ferroviario alcanza además a directivos de firmas concesionarias y proveedoras del sistema de trenes, entre ellos ex responsables de Trenes de Buenos Aires (TBA), como Claudio y Mario Cirigliano, a quienes se les atribuye el pago sistemático de coimas para asegurar la continuidad de los subsidios y evitar sanciones.
Para el fiscal Carlos Stornelli, los empresarios retiraban dinero de las compañías y lo entregaban en efectivo a funcionarios en un circuito clandestino que incluía encuentros pactados y traslados de bolsos con dinero.
Con la audiencia de este martes, restará una sola jornada prevista para el 30 de diciembre, a la espera de que el tribunal defina si habilita o no la feria judicial de verano para continuar con el debate. En paralelo, los jueces aún no resolvieron cómo se desarrollarán de manera presencial las indagatorias de los imputados, a la espera de una respuesta de la Corte Suprema de Justicia para el uso de la sala “Derechos Humanos” del Palacio de Tribunales, en la calle Talcahuano.
Cabe señalar que esta será la primera audiencia en la que no participará Cristina Kirchner, quien permanece internada en el Sanatorio Otamendi a raíz de un cuadro de apendicitis.