El debate sobre el equilibrio fiscal y la presión impositiva vuelve a poner en foco el rol del Estado en el desarrollo económico. La experiencia de Burgos, en España.
Por Darío Parlascino (*), en diario Ámbito
El déficit del Estado no puede trasladarse automáticamente al sector productivo mediante mayor presión fiscal. Cuando los desequilibrios públicos se corrigen sólo con aumentos de tasas e impuestos, se debilita la actividad económica y se reduce la competitividad. El equilibrio fiscal debe ser consecuencia del desarrollo y no un obstáculo para alcanzarlo.
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Frente a este panorama, es interesante saber qué pasa en el mundo. En tierras de nuestros antepasados españoles encontramos el caso de Burgos, una ciudad mediterránea, sin puertos ni salida directa al mundo, ubicada a más de 200 kilómetros de Madrid, con una población urbana cercana a los 180.000 habitantes. Aun así, ha logrado desarrollar un modelo productivo extraordinario que desafía muchas creencias instaladas sobre las condiciones necesarias para crecer.
En sus parques industriales se concentran alrededor de 600 empresas, que generan aproximadamente 35.000 empleos industriales directos. Esto significa que casi uno de cada cinco habitantes de la ciudad trabaja en la industria, una proporción inusual incluso para grandes centros urbanos. Este entramado industrial actúa como un verdadero motor económico: impulsa el comercio, los servicios, el transporte, la logística y la construcción, y explica por qué Burgos es hoy una ciudad próxima al pleno empleo.
Este proceso no es reciente ni casual. Es el resultado de una historia sostenida de políticas públicas efectivas, orientadas a fortalecer el desarrollo productivo, atraer inversiones y formar capital humano. Como consecuencia, Burgos no solo genera empleo para su población local, sino que se ha transformado en una ciudad que importa trabajadores de otras regiones.
La solidez de este modelo se refleja también en los indicadores sociales: la tasa de desempleo local se ubica cerca de un 50 % por debajo de la media nacional española, me confirma que se trata de un esquema económico consolidado y no de un fenómeno coyuntural. Detrás de estos resultados hay un Estado que asumió un rol activo como promotor del desarrollo, y no como un mero administrador. Un Estado que planifica, invierte y articula, y que entiende que la generación de empleo y riqueza es una condición indispensable para mejorar la calidad de vida de la comunidad.
Aquí vemos claramente que una política de desarrollo productivo se apoya en reglas claras, eficiencia en la prestación de servicios y una estrategia permanente de promoción que construye entornos industriales competitivos y previsibles.
¿Y cuál fue el resultado? La consolidación de un círculo virtuoso: radicación de empresas, generación de empleo genuino y una recaudación más sólida basada en tasas razonables, que permite financiar mejores servicios públicos sin asfixiar al sector productivo.
En este sentido, es necesario interpelar especialmente a los municipios y a las provincias argentinas. Las empresas deben cumplir con el pago de impuestos, tasas y contribuciones, porque forman parte del contrato social que sostiene al Estado. Pero ese cumplimiento sólo es sostenible si se construye sobre acuerdos claros y responsables entre el sector público y el sector privado, con esquemas tributarios previsibles y no asfixiantes, capaces de atraer nuevas inversiones.
El dato más revelador del modelo de Burgos es social y cultural, los hijos de los trabajadores no piensan en irse de su ciudad natal. Hay arraigo, proyecto de vida y futuro. Ese es el verdadero indicador de éxito de una política pública.
Argentina necesita avanzar en esa misma dirección. Municipios y provincias tienen hoy la oportunidad —y la responsabilidad— de decidir si compiten para atraer inversiones o si continúan trasladando sus desequilibrios al sector productivo.
El desarrollo no es una consigna ni una casualidad; es una decisión política sostenida, basada en reglas claras, responsabilidad compartida y una visión de largo plazo.
(*) Presidente de la Red de Parques Industriales Argentinos.