El municipio implementará portones entre las 22 y las 6 en barrios seleccionados, luego de que un tribunal considerara la medida razonable frente a la emergencia en seguridad.
La Municipalidad de Villa Allende implementará a partir de febrero un sistema de cierres nocturnos en calles secundarias tras la autorización judicial que avala una política sin antecedentes previos en la provincia de Córdoba. Este cierre se enmarca en el “Programa integral de prevención del delito y seguridad vecinal”, una estrategia respaldada por la ordenanza 14/25, como respuesta al persistente aumento de hechos delictivos en el municipio donde, según datos oficiales, el 60% de los robos se registran durante la noche.
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El fallo de la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación determinó que el plan municipal para instalar portones nocturnos es “razonable y proporcional al fin perseguido, que es la seguridad pública”. La Justicia reconoció la existencia de una emergencia en seguridad declarada desde 2023 y consideró que en el proceso se garantizó el derecho de participación vecinal: solo el 1,98% de los empadronados expresó su rechazo en el Registro de Oposición, conforme a la documentación presentada por la Municipalidad de Villa Allende.
El intendente Pablo Cornet explicó al diario La Voz que la medida no responde a una decisión política o ideológica, sino a una solución práctica y excepcional frente al incremento de la inseguridad. También señaló que el plan inicial contempla la instalación de quince portones en los barrios Pan de Azúcar y Lomas Sur, con cierre de 22 a 6 horas y apertura a cargo del personal municipal. Basados en los resultados, las autoridades evaluarán su extensión a otras zonas: La Cruz, La Amalia y Jardín Epicuro, con nueve cierres proyectados; San Alfonso, El Ceibo y Villa Allende Parque, con doce accesos a restringir.
La decisión judicial habilitó la puesta en marcha del plan, previamente paralizado por una medida cautelar. Además de los portones, el programa incluye la incorporación de 300 cámaras de seguridad y ocho móviles policiales adicionales, con el objetivo de establecer corredores seguros.
Cornet, quien fue víctima de un robo reciente en su domicilio, advirtió sobre la lentitud de los procesos judiciales, afirmando que esta demora “atenta contra la seguridad”. Y sentenció: “En mi caso sé quiénes robaron. Denuncié el sábado (27 de diciembre), pero los allanamientos los hicieron recién el martes (30 de diciembre)”.
No obstante, la medida suscitó el rechazo de algunos sectores. Cecilia Klor, vecina de Lomas Sur y una de las demandantes, lamentó: “No nos tomaron en cuenta como vecinos”. La concejal Marta Banegas (bloque Elegí Villa Allende) cuestionó la resolución, alegando que “en vez de llevar adelante políticas de inclusión se llevan adelante políticas de segregación y eso es peligroso”. Banegas sostuvo que el cierre de calles no representa una verdadera solución al problema de la inseguridad y citó como ejemplo los robos acontecidos en barrios cerrados, donde incluso la tecnología y la vigilancia no lograron erradicar los delitos.
Los vecinos que presentaron el amparo colectivo argumentan que la medida restringe derechos fundamentales como la libre circulación, la igualdad ante la ley y la no discriminación. A su vez, sostuvieron que las calles públicas son patrimonio estatal cuya función solo puede modificarse por legislación nacional, y criticaron la ausencia de estudios técnicos o científicos que respalden la eficacia del cierre. Además, señalaron que el mecanismo original del Registro de Oposición excluía injustamente a inquilinos y otros residentes, aunque la Municipalidad respondió incorporando, tras un decreto reglamentario, a quienes acrediten una residencia legítima.
En su defensa, las autoridades municipales aludieron a los dictámenes de la Corte Suprema y remarcaron que el cierre nocturno forma parte de un plan integral, temporal y acotado, asociado a la emergencia declarada por la ordenanza N° 13/2025. Y destacaron que el programa recogió doble legitimidad democrática, por la aprobación legislativa del concejo deliberante y la escasa oposición registrada.
La Justicia distribuyó las costas por el orden causado ante la originalidad y complejidad del caso, e indicó que la medida no afecta la libre circulación por tratarse de una restricción parcial y fundada en una situación de emergencia demostrada. Frente a esto, los demandantes resolvieron apelar el fallo, con lo que la controversia judicial permanece abierta.