Alex Goldman, advirtió en diálogo con Noticiero 7 que el Ejecutivo aún no da señales concretas de cumplimiento y habló de una situación “gravísima” para miles de familias en todo el país.
La polémica por la Ley de Emergencia en Discapacidad continúa abierta y genera una profunda preocupación en el sector. En diálogo con Noticiero 7, Alex Goldman, coordinador del Consejo Argentino para la Inclusión de Personas con Discapacidad, trazó un duro panorama sobre el estado actual de la norma, luego de las idas y vueltas entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo Nacional.
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Goldman explicó que durante 2025 la ley de emergencia fue votada cinco veces en el Congreso, incluso frente a intentos de derogarla a través de la ley de Presupuesto. Además, recordó que un amparo colectivo tramitado en el Juzgado Federal de Campana ordenó al Estado Nacional y al Ministerio de Salud la aplicación inmediata de la normativa. Sin embargo, aseguró que esa orden aún no se ve reflejada en hechos concretos.
“La estrategia del Ejecutivo es aparentar actividad administrativa, pero en la práctica se difiere indefinidamente la aplicación de la ley”, sostuvo. En ese sentido, señaló que el Estado respondió que va a cumplir, pero “no da señales concretas de cumplimiento”, lo que mantiene en vilo a miles de personas con discapacidad.
Prestadores al límite y servicios que colapsan
Según explicó Goldman, la falta de aplicación de la ley ya tiene consecuencias directas: prestadores que cierran, instituciones endeudadas y centros de día que no pueden afrontar sueldos ni aguinaldos. “El sistema está colapsando”, advirtió, y agregó que existen hogares con personas con discapacidad sin cuidados parentales donde la calidad de atención se deteriora por ingresos insuficientes.
Desde la sociedad civil, afirmó, buscan visibilizar la urgencia, ya que hoy personas con discapacidad “se quedan sin apoyos” en distintas provincias del país.
Falta de medicamentos y pañales
Otro punto crítico mencionado durante la entrevista fue la interrupción en la entrega de medicamentos y pañales, especialmente a través del programa Incluir Salud. Goldman indicó que en provincias como Buenos Aires y otras regiones del país el suministro está cortado desde noviembre de 2025, sin respuestas hasta el momento.
“Cuando una persona no recibe anticonvulsivantes o medicación psiquiátrica, se generan descompensaciones graves. Y la falta de pañales implica una degradación directa de la calidad de vida”, remarcó. Desde el Consejo presentaron notas formales y reclamos ante la Agencia Nacional de Discapacidad y el Ministerio de Salud, sin obtener soluciones.
Niños sin certezas para el inicio del ciclo lectivo
Goldman también puso el foco en la incertidumbre de muchas familias de cara a marzo. Niños con autismo, estudiantes de escuelas especiales y personas con discapacidad motriz severa no saben si contarán con apoyos, rehabilitación o prestaciones básicas para continuar con su escolaridad o tratamientos.
“La situación es gravísima. Estamos desesperados, ya no sabemos qué más hacer para llamar la atención del Ejecutivo. Solo pedimos que se cumpla la ley vigente”, afirmó.
Un panorama alarmante
Para cerrar, Goldman fue contundente: “No es solo preocupante, es terrible”. Recordó que el 12,9% de la población argentina, según datos del INDEC, tiene algún tipo de discapacidad y hoy enfrenta la pérdida de cuidados, apoyos, inclusión educativa y oportunidades laborales futuras.
Finalmente, expresó la expectativa de que el amparo colectivo en trámite permita una respuesta pronta y efectiva, mientras desde el Consejo aseguran que seguirán reclamando por todas las vías posibles.