El cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el incumplimiento de la ley de Emergencia no responden a una falta de recursos, sino a una decisión política que relega derechos, desoye a la Justicia y utiliza a las personas con discapacidad como variable de ajuste.
Por Alex Goldman (*), en diario Ámbito
La política de discapacidad en la Argentina atraviesa hoy una de las etapas más regresivas desde el retorno de la democracia. Y no por falta de recursos, sino por una elección deliberada: ajustar sobre los sectores más vulnerables.
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El anuncio del cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y su degradación a una secretaría dentro del Ministerio de Salud no puede leerse como una simple reorganización administrativa. Es una señal política clara. La discapacidad deja de ser concebida como una política transversal de derechos para convertirse en una variable secundaria, subordinada a una mirada estrictamente sanitaria. Esto contradice de manera directa los compromisos asumidos por el propio Estado argentino al adoptar la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece el abordaje desde el modelo social, atravesando la educación, el trabajo, el transporte, la vida independiente y la inclusión social.
Cuando el ajuste elige a los más vulnerables: discapacidad, legalidad y democracia en retroceso
Este retroceso se produce, además, en un contexto aún más grave: el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La norma fue sancionada por el Congreso y su aplicación fue ordenada por la Justicia en el marco de un amparo colectivo tramitado ante el Juzgado Federal de Campana. Sin embargo, a la fecha, no se conocen las medidas concretas que el Gobierno piensa adoptar para cumplirla. En las últimas horas se supo que el Poder Ejecutivo respondió a los requerimientos del fallo del juez Charvay, pero lo hizo de manera imprecisa y dilatoria, sin detallar cómo ni cuándo dará cumplimiento a la ley, y mucho menos cuál será el monto destinado a compensar meses de atraso, desprecio y abandono. En cualquier Estado de Derecho, esto debería encender todas las alarmas.
El año 2025 dejó al descubierto las consecuencias de esta política: congelamiento de aranceles, prestadores al borde del cierre, profesionales que abandonan el sistema ante ingresos indignos y familias que pierden apoyos esenciales. La emergencia no es una hipótesis futura: es una realidad concreta que ya está golpeando a miles de personas en todo el país.
La contradicción se vuelve obscena cuando se observa el contexto general. Mientras se argumenta que no hay recursos para cumplir una ley vigente y garantizar derechos básicos, no solo hemos sido testigos de un complejo sistema de sobrefacturación y corrupción en la ANDIS, sino que además el Poder Ejecutivo Nacional inicia el año oficializando aumentos salariales de hasta el 90% para ministros y funcionarios de alta jerarquía. El mensaje implícito es contundente: el ajuste es selectivo.
Desde CAIDIS no se reclaman privilegios ni beneficios sectoriales. Se exige algo mucho más básico: legalidad. Que se respeten las leyes sancionadas por el Congreso, que se acaten las decisiones judiciales y que no se utilice a las personas con discapacidad como variable de ajuste ni como bandera de una batalla cultural.
Cerrar la ANDIS y desoír la emergencia no son errores ni improvisaciones. Son decisiones políticas que expresan una jerarquía de prioridades. Y hoy, en esa escala, las personas con discapacidad y quienes sostienen sus apoyos han quedado peligrosamente relegadas.
De cara a 2026, la pregunta ya no es si la discapacidad está en emergencia —eso es un hecho—, sino cuánto más está dispuesto el Gobierno a vulnerar el sistema democrático. No cumplir de inmediato con una ley votada cinco veces en el Congreso Nacional, ratificada por la Justicia y respaldada por la sociedad, es negar derechos. Negar, desfinanciar o invisibilizar la discapacidad no es austeridad: es abandono.
(*) El autor es representante del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS).