La propuesta llegaba a través de una red social. Ofrecían a adolescentes $5 mil por cada imagen. Además, hacían de nexo para encuentros sexuales. La denuncia de la madre de una víctima de 16 años inició la investigación judicial.
Una denuncia realizada en Quimilí dio inicio a una investigación judicial por la presunta difusión de material sexual de una menor de 16 años y la posible intervención de adultos en actividades vinculadas a la captación, extorsión, coacción y eventual facilitación de prostitución mediante un grupo de WhatsApp denominado “Encuentro y venta de contenidos”. En la causa aparecen mencionados un comerciante, un funcionario policial y la administradora del grupo.
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El caso comenzó cuando la madre de la adolescente advirtió que su hija había recibido $10.000 a cambio de enviar fotos y videos íntimos. Para concretar el cobro, la joven utilizó la billetera virtual de su hermana, quien habría estado al tanto de la situación. Según la declaración de la menor, la administradora del grupo, identificada como “María”, le informó que los financiadores del espacio eran hombres de Quimilí y de la localidad de Moreno, y que uno de ellos solicitaba un encuentro sexual con un pago mayor.
La adolescente manifestó que no aceptaría esa propuesta y que devolvería el dinero. A partir de ese momento, la administradora habría adoptado una conducta extorsiva, señalando que quienes ingresaban al grupo “no podían salir cuando quisieran”. Luego, según el relato de la familia, el material íntimo de la joven fue difundido en redes sociales y teléfonos móviles. La madre tomó conocimiento de la circulación del contenido a través de allegados quienes le informaron que las imágenes habían comenzado a difundirse por redes sociales y teléfonos móviles. Ante esta situación, radicó la denuncia en la Comisaría Comunitaria N.º 9 de la Mujer y Familia, donde quedaron asentadas las identidades de un comerciante y un funcionario policial señalados por la propia familia como posibles financiadores del grupo.
Ambos habrían intentado gestionar recursos de eximición de prisión luego de que la denuncia se hiciera pública. De manera paralela, el grupo de WhatsApp fue eliminado y la administradora —identificada como “María”— bloqueó a sus contactos. Sin embargo, algunos integrantes aportaron a la Justicia mensajes, capturas de pantalla y distintos elementos vinculados al funcionamiento del grupo, incluidos precios, instrucciones y requisitos para el envío de contenido.
Según los primeros avances de la investigación, la administradora cumplía un rol de intermediación, organización y control del material, lo que podría involucrar conductas asociadas a la tenencia y distribución de material de explotación sexual infantil. La menor será trasladada a Santiago del Estero Capital para recibir asistencia psicológica y ampliar su declaración, mientras que su madre y su hermana también deberán prestar testimonio.
Los investigadores evalúan la posibilidad de que existan otras adolescentes afectadas, dado que el grupo habría tenido participación de personas de distintas localidades. La Fiscalía analiza la adopción de medidas como allanamientos y secuestro de dispositivos electrónicos a fin de determinar el alcance del caso y avanzar en la identificación de responsabilidades.