La cumbre realizada en Belém dejó al descubierto una brecha cada vez más difícil de disimular entre los compromisos climáticos asumidos y las políticas efectivamente implementadas. Los nuevos planes presentados resultan insuficientes frente a un escenario de calentamiento acelerado y crecientes impactos sociales, económicos y ambientales.
Por Magdalena Chullmir (*), en diario Ámbito
Hace una década el mundo se comprometió a algo que parecía alcanzable: evitar que el planeta supere los 1.5 grados por encima de los niveles preindustriales. Diez años después, Brasil recibió a la COP30 en el punto más frágil de esa promesa.
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La Conferencia de las Partes es el espacio anual donde casi todos los países del mundo revisan el avance real frente a la crisis climática y se proponen nuevos objetivos. Este año fue en Belém y dejó un mensaje incómodo: la distancia entre lo pactado y la realidad nunca fue tan evidente.
Al cierre de la cumbre, 119 países que representan el 74% de las emisiones globales presentaron nuevas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC). Estas detallan cuánto planea reducir cada país sus emisiones, cómo se adaptará al cambio climático y qué políticas implementará para lograrlo. Los compromisos cubren menos del 15 por ciento de la reducción necesaria para 2035 para mantener vivo el objetivo de 1.5 grados. Según Naciones Unidas, incluso con estas actualizaciones el mundo se encamina a un calentamiento de entre 2.3 y 2.8 grados, un escenario muy por encima del acuerdo de París y con consecuencias mucho más duras para las economías y sociedades del planeta.
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América Latina llega a esta COP en un momento crítico. Los impactos del cambio climático ya se sienten en toda la región: olas de calor más largas, sequías persistentes, inundaciones más violentas y una pérdida acelerada de bosques. Belém se presentó como “la COP de la implementación”, un llamado directo a convertir compromisos en políticas reales. En este contexto, universidades e instituciones de investigación de la región enfrentan una pregunta central: cómo traducir ciencia, ingeniería e innovación en soluciones concretas que aceleren la transición energética, fortalezcan la adaptación y protejan ecosistemas clave como la Amazonía o el Gran Chaco. La capacidad de formar profesionales con enfoque climático y generar evidencia para políticas públicas será decisiva para que las promesas no queden atrapadas en el papel.
La COP30 lanzó dos nuevas iniciativas voluntarias: el Global Implementation Accelerator y la Belem Mission to 1.5. Ambas buscan acelerar la acción climática, pero ninguna menciona de forma explícita a los combustibles fósiles. La intervención más contundente vino de la delegación de Colombia, que apuntó directo al centro del debate: “La COP no puede ignorar la ciencia. Según el IPCC casi el 75 por ciento de las emisiones de carbono provienen de los combustibles fósiles. Hoy ni siquiera se nos permite discutir las vías para una transición”.
El desafío para América Latina es mayor. La región aún depende fuertemente de los combustibles fósiles y de la extracción de recursos, sobre todo minerales críticos para la transición energética global. Esto abre dilemas técnicos y éticos: cómo impulsar energías limpias sin repetir modelos extractivos que afectan a comunidades indígenas, cómo gestionar la minería del litio o el cobre sin degradar ecosistemas frágiles, y cómo asegurar que los beneficios económicos lleguen a la población y no se concentren en pocos actores. El avance hacia una transición justa requiere marcos regulatorios sólidos, tecnología accesible y una distribución equitativa de los recursos internacionales de financiamiento, algo que sigue siendo un obstáculo importante para Argentina y otros países de la región.
Otro frente clave fue la adaptación. El objetivo era acordar indicadores globales que permitan medir progresos reales frente a los impactos del cambio climático. Tras negociaciones intensas, se aprobaron 59 indicadores que cubren áreas como agua, agricultura, salud, financiamiento y transferencia tecnológica, con perspectiva de género y derechos humanos. El proceso fue turbulento. Muchos indicadores elaborados por un panel de 78 expertos fueron modificados en los últimos días, lo que generó críticas por la inclusión de métricas difíciles de monitorear o incompletas. Entre los ejemplos propuestos aparecen la incidencia del cambio climático en enfermedades como dengue o el porcentaje de población vulnerable protegida por sistemas de alerta temprana. En este último punto, Argentina quedó bien posicionada: a principios de mes el gobierno anunció AlertAR, un sistema que enviará alertas climáticas directamente a los teléfonos móviles en zonas de riesgo.
La discusión sobre financiamiento también generó tensiones. El compromiso asumido en Glasgow para duplicar los fondos de adaptación vencía este año y los países en desarrollo reclamaron triplicar esos montos para 2030. La COP concluyó con un llamado a triplicar el financiamiento para adaptación, pero recién para 2035. Es un avance, aunque en un plazo más lento de lo que la crisis exige.
La naturaleza tuvo un rol destacado con el lanzamiento del Tropical Forests Forever Facility, impulsado por Brasil. El fondo busca garantizar recursos estables y de largo plazo para los países que mantengan sus bosques tropicales en pie, mediante pagos por resultados y financiamiento público, privado y filantrópico. La propuesta apunta a cambiar la lógica económica de la conservación, pero enfrenta desafíos importantes para reunir el capital necesario y asegurar que los beneficios lleguen efectivamente a las comunidades locales.
La COP30 terminó dejando una conclusión simple y difícil de ignorar. La ciencia señala que la trayectoria actual no permitirá cumplir el objetivo de limitar el calentamiento a 1.5 grados. El reciente informe de Naciones Unidas lo confirmó con crudeza y anticipa un escenario con impactos más intensos sobre la salud, la infraestructura, los ecosistemas y la economía. La política todavía no responde al ritmo que demanda la crisis climática y la región necesita ampliar su capacidad científica y tecnológica para no quedar rezagada en una transición que ya empezó.
(*) Docente y coordinadora del programa de ambiente del Instituto Tecnológico Buenos Aires (ITBA).