La madre de una niña de 5 años solicitó que la Justicia tome en cuenta la totalidad de los ingresos del padre, incluidos montos no remunerativos y actividades económicas paralelas, al momento de calcular la prestación.
Una mujer presentó una acción de amparo alimentario contra el padre de su hija de 5 años, con el objetivo de que la Justicia ordene la inclusión de la totalidad de los ingresos reales del demandado como base de cálculo de la cuota alimentaria, incluyendo bonos, sumas no remunerativas y cualquier ingreso extraordinario.
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La presentación fue realizada por Natalia Delfina Valdez, con el patrocinio de la abogada María Florencia Gómez, ante un Juzgado de Familia. La demanda está dirigida contra su expareja, un empleado público con residencia en Loreto e hijo de un concejal local.
Según el escrito, el demandado abona actualmente el 20% de su salario en blanco, lo que representa aproximadamente $261.000, incluyendo el adicional por cónyuge. Sin embargo, la parte actora sostiene que el progenitor percibe de manera periódica bonos otorgados por el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, los cuales no son incorporados en la base de cálculo bajo el argumento de tratarse de sumas no remunerativas o no embargables.
La abogada argumentó que esa interpretación desconoce el carácter preferente y de orden público del crédito alimentario.
En el planteo también se hace referencia al bono denominado “Inicio de Ciclo Lectivo”, dispuesto por el Gobierno provincial y vinculado a los gastos escolares de hijos de empleados públicos. Según la presentación, el demandado se habría negado a transferir el porcentaje correspondiente a su hija.
Asimismo, se indicó que el hombre desarrollaría actividades económicas paralelas, entre ellas préstamos de dinero, venta de seguros, producción agrícola en Nueva Francia y presuntas actividades empresariales en sociedad con su padre. Estas actividades, según la actora, no fueron consideradas al momento de fijar la cuota.
La demanda también menciona incumplimientos en el pago de gastos extraordinarios establecidos en audiencia, así como presuntos incumplimientos del régimen comunicacional.
El planteo solicita que la Justicia evalúe la capacidad económica real del demandado y adecue el cálculo de la cuota alimentaria en función de la totalidad de sus ingresos.