La joven santiagueña, imputada por injuria racial en Río de Janeiro, cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Su abogada sostiene que el traslado del proceso depende de una decisión política y no solo judicial, mientras la fiscalía brasileña se opone al pedido.
El caso de Agostina Páez, la joven santiagueña acusada de injuria racial en Brasil, sumó un nuevo capítulo de fuerte contenido diplomático. Actualmente bajo prisión domiciliaria en Río de Janeiro, la joven espera una definición judicial sobre el pedido de traslado del proceso a la Argentina, una solicitud que, según su defensa, requiere una intervención directa del Gobierno nacional.
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En declaraciones públicas, la abogada brasileña Carla Junqueira, quien representa a Páez en ese país, advirtió que la continuidad del juicio en territorio argentino no es un derecho automático, sino una decisión que excede el plano estrictamente jurídico. “La posibilidad de responder el proceso en Argentina no es un derecho, es un movimiento mucho más diplomático que jurídico, y solo con asistencia consular no alcanza”, sostuvo.
La fiscalía se opone y el juez aún no resolvió
Si bien el juez de la causa todavía no se expidió formalmente sobre el pedido de traslado, la Fiscalía Estadual de Río de Janeiro ya manifestó su rechazo a la solicitud. Para la defensa, esa postura complica el escenario, ya que la opinión del Ministerio Público suele tener un peso determinante en este tipo de decisiones.
Junqueira explicó que el traslado del proceso depende de la discrecionalidad del magistrado interviniente y que, en la práctica, sin una gestión diplomática de alto nivel por parte de la Argentina, las probabilidades de éxito por la vía judicial son limitadas.
La abogada remarcó que el equipo legal invocó tratados internacionales para fundamentar el pedido y argumentó que Páez presenta bajo riesgo de fuga, además de atravesar dificultades económicas que agravan su situación en Brasil.
Prisión domiciliaria y riesgo de traslado a una cárcel común
Actualmente, Páez cumple prisión domiciliaria en Río de Janeiro bajo monitoreo electrónico. Sin embargo, la defensa advirtió que existe la posibilidad legal de que el juez disponga su traslado a una cárcel común si hace lugar a un planteo de la fiscalía.
Aunque Junqueira consideró poco probable esa decisión, reconoció que el escenario procesal puede modificarse según la evaluación judicial. En ese sentido, insistió en que el acompañamiento diplomático del Estado argentino resulta clave para evitar un agravamiento de las condiciones de detención.
Denuncia por violencia policial
Otro punto sensible del expediente es la denuncia de presunta violencia policial durante la detención de la joven. Según relató su abogada, los hechos habrían ocurrido en la comisaría, antes de que el caso pasara al ámbito judicial.
Junqueira señaló que el trato recibido por Páez habría sido particularmente hostil y cuestionó la actuación de algunos efectivos y del delegado interviniente. Estas circunstancias, indicó, forman parte de la estrategia defensiva y podrían incidir en futuras presentaciones vinculadas a la protección de sus derechos.
Expectativa por una definición
Mientras el juez analiza el pedido de traslado y la continuidad de las medidas restrictivas, la defensa anticipó que agotará todas las instancias legales disponibles en Brasil. En paralelo, insistirá ante la Cancillería argentina para que asuma un rol más activo en el caso.
Para Junqueira, el futuro judicial de Agostina Páez no se resolverá únicamente en los tribunales brasileños, sino también en el terreno diplomático. Hasta entonces, la joven continuará bajo arresto domiciliario, a la espera de una definición que podría marcar el rumbo definitivo del proceso.