Las diferencias ya consolidadas entre Javier Milei y Victoria Villarruel volvieron a visibilizarse desde la apertura presidencial de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.
Por Félix V. Lonigro, en diario La Nación
En este contexto, el Presidente ha declarado “la guerra” a su vice, y evalúa mecanismos constitucionales destinados a destituirla, o bien mecanismos de presión destinados a provocar su renuncia. Pues debería saber el primer mandatario que los primeros no existen, si no es a través de un juicio político, y que los segundos van por otro andarivel, de dudosa validez institucional.
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El oficialismo acusa a Villarruel de no cumplir adecuadamente su función, y de no defender, en ejercicio de esta, las políticas del Gobierno. Veamos. En la Argentina, el vicepresidente tiene asignados, constitucionalmente, dos roles bien definidos: el primero es reemplazar al presidente en caso de ausencia, y el segundo es presidir el Senado. En el primero de esos roles, cumple una función en expectativa, que se activa solo ante la ausencia del primer mandatario. Esa “ausencia” puede ser transitoria, en cuyo caso el vicepresidente lo reemplaza mientras dure la ausencia de aquel; o definitiva –por muerte, renuncia o destitución–, en cuyo caso el vicepresidente se convierte en el nuevo presidente hasta la finalización del período en el que se produce la vacante. Este rol del vicepresidente, de reemplazar al presidente en caso de ausencia, es el principal y el que da fundamento a la creación constitucional del cargo.
El otro rol constitucional del vicepresidente es el que se le asigna mientras no está reemplazando al primer mandatario: el de presidir el Senado de la Nación. Pues no ejerce este cargo para defender las políticas del Gobierno –como pretende el oficialismo actual–, sino para velar por el adecuado funcionamiento de la cámara que preside. El vicepresidente, aun presidiendo el Senado, no es legislador oficialista, es decir, no participa en los debates ni vota leyes, salvo en caso de empate; pero como es un funcionario elegido por el pueblo, el primer mandatario no tiene forma de removerlo de su cargo, tal como parecería desear Milei respecto de Villarruel.
Por otra parte, es un error considerar que, si un vicepresidente se distancia del presidente con el cual llegó al poder, debe renunciar a su cargo. Las “lealtades” constitucionalmente previstas se limitan a lo institucional, y no necesariamente son políticas. Tanto es así que incluso la Constitución nacional contempla la posibilidad de que un vicepresidente pertenezca a la oposición. En efecto, establece que si este se ausentara en forma definitiva, al Congreso le correspondería analizar una convocatoria a elecciones para que el pueblo vote a uno nuevo, pudiendo, obviamente, en dicha contienda electoral, triunfar un candidato no oficialista.
Por cierto, la historia de nuestro país nos muestra, en torno a esta cuestión, dos detalles dignos de ser atendidos: el primero es que la relación entre los presidentes y vicepresidentes ha sido compleja en un tercio de los períodos presidenciales que se desarrollaron desde 1854; la segunda es que ninguno de los cinco presidentes argentinos que gobernaron durante más de un período repitió a su vicepresidente en su segundo período.
De manera tal que, por un lado, no resulta llamativo ni es grave lo que ocurre en la actualidad en punto al vínculo entre Milei y Villarruel, motivo por el cual el Gobierno no debiera perder tiempo preocupándose por ello; pero, por otro lado, el Presidente debiera ser más agradecido con quien, en el marco de los debates en plena campaña electoral en 2023, lo ayudó a disimular el papelón en el que incurrió aquel cuando debió participar en ellos.