La presentación fue realizada por abogados damnificados y apunta a la posible comercialización de nueve propiedades por más de un millón de dólares en medio de la investigación judicial.
En las últimas horas, ingresó a la fiscalía de turno de Santiago una ampliación de denuncia contra el empresario Oscar Zambolín, quien se encuentra acusado de estafa en el marco de un proyecto inmobiliario inconcluso.
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La iniciativa fue presentada por la abogada Yazmín Julián, junto a su hermano José Julián, ambos profesionales del derecho y, al igual que otros damnificados, afectados directamente por las presuntas irregularidades vinculadas a la venta de departamentos en un edificio ubicado sobre calle La Plata.
Cabe recordar que la Justicia provincial investiga una presunta maniobra de estafa millonaria relacionada con dicho emprendimiento inmobiliario.
Propiedades bajo análisis
Según la documentación que será presentada ante la Fiscalía, se trataría de un total de nueve propiedades que abarcan 4.086 metros cuadrados, de los cuales 2.716 metros cuadrados corresponden a superficie cubierta.
La operación de venta conjunta de estos inmuebles se ofrece por U$S 1.100.000 (un millón cien mil dólares estadounidenses).
Ante esta situación, los damnificados del edificio ubicado en calle La Plata exigieron que se investigue en profundidad la titularidad y disposición real de los bienes, así como las condiciones en que se estaría llevando adelante la operación.
El caso generó preocupación por la posible existencia de maniobras irregulares de venta. Según los denunciantes, la inmobiliaria que comercializa estas propiedades operaría en nombre de Constructora SA, empresa vinculada directamente a Zambolín.
Los nueve inmuebles se encuentran ubicados en avenida Libertad Norte 2700, y su oferta en el mercado resulta llamativa frente a las reiteradas declaraciones del empresario sobre la supuesta falta de bienes significativos a su nombre.
“Es llamativo que una persona que constantemente argumenta que no tiene nada, de pronto aparezca con propuestas de venta de propiedades que aparentemente son de su titularidad”, expresó la abogada y damnificada Yazmín Julián.
En ese sentido, la letrada remarcó la necesidad de que la Fiscalía cite al propietario de la inmobiliaria interviniente para que informe para quién está vendiendo y bajo qué condiciones legales se respalda la transacción.
En el marco de esta ampliación de denuncia, Julián anticipó que presentará documentación que respaldaría la existencia de las propiedades y su actual oferta de venta.
Si bien no se precisa la fecha exacta de las operaciones, los denunciantes estiman que serían recientes, lo que incrementa la urgencia de la investigación judicial en curso.
La comunidad de damnificados expresó su inquietud ante la posible dispersión de bienes, y reclamó que la Justicia determine si las ventas se realizan de manera legal y si los fondos obtenidos podrían ser recuperados en favor de quienes resultaron perjudicados por las supuestas maniobras fraudulentas.