Tres empleados del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán fueron acusados de defraudar a la administración pública mediante la venta de Certificados Únicos de Discapacidad falsos, generando un perjuicio económico significativo.
El pasado viernes 1 de mayo, se llevó a cabo una audiencia de formulación de cargos por parte del Ministerio Público Fiscal (MPF) contra tres empleados del Instituto de Previsión y Seguridad Social (IPSS) en Tucumán. La audiencia fue solicitada debido a la presunta defraudación a la administración pública mediante la venta de Certificados Únicos de Discapacidad apócrifos.
La investigación está liderada por la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, bajo la dirección de Mariana Rivadeneira, quien fue representada en la audiencia por el auxiliar de fiscal Leandro Abdala. Los imputados enfrentan serias acusaciones, incluyendo falsificación de documentos públicos y tentativa de defraudación.
Uno de los acusados fue arrestado en la terminal de ómnibus mientras intentaba huir hacia la provincia de Córdoba, tras no ser hallado durante un allanamiento realizado el mismo día de la audiencia.
La acusación sostiene que, desde enero de 2026, los imputados habrían colaborado para ofrecer certificados falsos a afiliados a cambio de dinero, prometiendo cubrir prácticas médicas, cirugías y prótesis. En cuatro casos documentados, la suma total involucrada asciende a $1.950.000.
Los certificados eran elaborados de manera fraudulenta y se introducían en expedientes reales dentro del IPSS. Gracias a sus funciones, facilitaban el avance de estos trámites, desde el ingreso de documentación hasta la auditoría médica, lo que llevó a la aprobación de prestaciones en algunos casos.
La maniobra fue detectada por el IPSS al observar irregularidades en ciertos expedientes, lo que generó un perjuicio económico estimado en $27.904.918 debido a las prestaciones ya autorizadas.
La fiscalía ha solicitado que se imponga prisión preventiva a los imputados por un período de seis meses, argumentando la existencia de riesgos de fuga y posible obstrucción de la investigación. La jueza concedió la declaración de la causa como asunto complejo, estableciendo un plazo de un año para su resolución.