Liberaron a los dos policías detenidos por el accidente fatal de Antenor Álvarez y Lugones

La Justicia resolvió rechazar el pedido de prisión preventiva contra los policías Jonathan Alexis Giménez y Nahuel Osvaldo Salto, imputados por el siniestro vial ocurrido en Antenor Álvarez y avenida Lugones, que provocó la muerte de Yohana Ibáñez y Sergio Gordillo y dejó gravemente herida a una niña.

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La decisión fue adoptada por la jueza de Control y Garantías María del Huerto Bravo Suárez, quien consideró que no estaban reunidos en forma conjunta los requisitos necesarios para mantener a los dos acusados privados de su libertad.

De esta manera, la magistrada dispuso la inmediata libertad de Giménez y Salto, quienes permanecían detenidos desde el 19 de junio de 2026. La resolución fue firmada este 1 de septiembre.

Continuarán imputados y sujetos a medidas

La resolución no implica el cierre de la causa ni el sobreseimiento de los policías. La investigación penal preparatoria continuará y ambos permanecerán vinculados al proceso por los delitos que se les atribuyen.

En esta etapa, la Justicia consideró adecuado el encuadre provisorio planteado por el Ministerio Público Fiscal: doble homicidio culposo agravado en accidente de tránsito, en perjuicio de Sergio Gordillo y Joana Elizabeth Ibáñez; lesiones culposas calificadas en accidente de tránsito, por las heridas sufridas por la menor; y lesiones culposas en accidente de tránsito, en perjuicio de Miguel Ángel Debs.

Además, ambos están imputados por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, aunque la jueza analizó de manera particular este punto y remarcó la diferencia entre las conductas culposas atribuidas por el accidente y una conducta dolosa o intencional, necesaria para configurar ese delito.

Una libertad con restricciones

La liberación de los policías quedó condicionada al cumplimiento de distintas reglas de conducta.

En primer lugar, deberán constituir una fianza personal de $6 millones por cada imputado, a cargo de sus abogados defensores.

También tendrán que mantener un domicilio actualizado, no podrán salir de la provincia sin autorización judicial y deberán presentarse cada vez que sean citados por la Fiscalía.

A su vez, deberán comparecer una vez por semana ante la dependencia policial correspondiente a su domicilio durante seis meses y presentarse ante la OMAS cada 30 días mientras dure la investigación penal preparatoria.

La jueza también les impuso la prohibición de cometer nuevos delitos, consumir bebidas alcohólicas en exceso, utilizar estupefacientes y portar armas.

Una de las principales restricciones establece además la prohibición de acercamiento y de todo tipo de contacto con las víctimas sobrevivientes y sus familiares, los querellantes particulares, determinados funcionarios policiales y las personas que sean citadas como testigos.

La medida deberá cumplirse en un radio de 200 metros de los domicilios de esas personas y/o en la vía pública durante el tiempo que dure la investigación. En caso de incumplimiento, la libertad podría ser revocada.

El Ministerio Público Fiscal había solicitado que Giménez y Salto permanecieran detenidos al considerar que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Sin embargo, la jueza entendió que esos riesgos podían ser neutralizados mediante medidas menos gravosas que la prisión preventiva.

La resolución destaca que ambos tienen arraigo en la provincia, fueron puestos en disponibilidad y no registran antecedentes penales ni sanciones disciplinarias informadas. Además, consideró que las diligencias que todavía deben realizarse pueden llevarse adelante sin necesidad de mantenerlos privados de su libertad.

Por esos motivos, la magistrada concluyó que la prisión preventiva no resulta necesaria para asegurar el avance de la investigación penal preparatoria y ordenó la libertad de los dos imputados.

Así, Jonathan Giménez y Nahuel Salto recuperarán la libertad bajo fianza y con estrictas restricciones, pero continuarán sometidos al proceso judicial mientras la Fiscalía avanza con las medidas pendientes para determinar las responsabilidades por el trágico siniestro vial.