Una joven de 24 años fue condenada a ocho meses de prisión condicional y deberá cumplir reglas de conducta durante dos años tras un acuerdo de juicio abreviado en San Miguel de Tucumán.
En un reciente fallo judicial en San Miguel de Tucumán, una joven de 24 años ha sido condenada a ocho meses de prisión condicional tras llegar a un acuerdo de juicio abreviado. Esta decisión se deriva de los delitos de lesiones leves, violación de domicilio y desobediencia judicial, en calidad de autora. La sentencia implica no solo la prisión condicional, sino también el cumplimiento de reglas de conducta durante un período de dos años, que incluye la prohibición de acercarse a la víctima.
La Unidad Fiscal Criminal I, encabezada por el fiscal Mariano Fernández, fue clave en la investigación de este caso. El auxiliar de fiscal, Elías Acuña, representó al Ministerio Público Fiscal (MPF) durante la audiencia, donde se reformularon los cargos en función de las evidencias recolectadas. Durante el proceso, el acuerdo alcanzado entre todas las partes fue fundamental para la resolución del caso.
La sentencia estipula que la joven no podrá acercarse a la víctima a menos de 100 metros y está prohibida de realizar cualquier tipo de turbación, hostigamiento o intimidación, ya sea de manera directa o indirecta. Esto incluye el uso de medios de comunicación como WhatsApp, Facebook, Instagram, llamadas telefónicas y mensajes de texto, entre otros. Estas restricciones son esenciales para la protección de la víctima y su grupo familiar.
Los hechos que llevaron a esta condena ocurrieron en dos ocasiones. El primero fue el 25 de agosto de 2026, cuando la imputada abordó un colectivo de la Línea 12, donde agredió a la víctima físicamente con una llave de hierro mecánica y otros golpes, al tiempo que profería amenazas. Este ataque fue motivado por un conflicto personal, expresado en la frase: «Esto es para que la pongas pilla a tu hermana».
El segundo incidente tuvo lugar el 4 de octubre de 2026, cuando la misma imputada ingresó sin autorización a la vivienda de la víctima, violando la orden judicial de prohibición de acercamiento establecida previamente. Este hecho resalta la gravedad de la situación y la reiteración de la conducta delictiva por parte de la joven.
La jueza interviniente en el caso decidió aceptar el convenio de juicio abreviado, considerando que todas las partes habían llegado a un acuerdo justo y equitativo. Este tipo de procedimientos legales permite resolver conflictos de manera más rápida y eficiente, aunque siempre resguardando los derechos de las víctimas.
La condena impuesta no solo busca sancionar a la autora de los hechos, sino también servir como un mensaje claro de que la violencia y la violación de la ley no serán toleradas en la sociedad. La implementación de reglas de conducta es un paso importante hacia la rehabilitación y la prevención de futuras agresiones.