El Gobierno busca un acuerdo con las universidades para el Presupuesto 2027 y desactivar el conflicto

El Gobierno nacional busca alcanzar un acuerdo con las universidades públicas para resolver el conflicto por el financiamiento y avanzar con el Presupuesto 2027. Tras las tensiones generadas por los cambios en la política de discapacidad y las dificultades para reunir apoyos legislativos, la Casa Rosada apunta a negociar una salida que reduzca la disputa judicial y evite nuevas movilizaciones durante los próximos meses.

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La estrategia oficial contempla dos alternativas: incrementar las partidas destinadas al sistema universitario o modificar el régimen de contribuciones patronales que pagan determinadas instituciones. Ambas opciones están bajo análisis y, por el momento, no existe una propuesta definitiva.

“La idea es cerrar el tema Discapacidad y meter las partidas dentro del Presupuesto 2027”, afirmó un funcionario del Gobierno, según consignó TN. En el Ejecutivo consideran que el costo fiscal de un eventual entendimiento es manejable y que los principales sectores de la conducción oficialista acordaron avanzar con esa estrategia en las reuniones de la mesa política.

El objetivo es acercar posiciones con las autoridades universitarias, conseguir respaldo parlamentario y evitar que el conflicto por el financiamiento se extienda hasta el próximo año electoral.

La diferencia de fondos entre el Gobierno y las universidades

Uno de los principales puntos de discusión es la distancia entre los recursos contemplados en el proyecto presupuestario oficial y las necesidades planteadas por las autoridades universitarias.

El proyecto de Presupuesto 2027 prevé alrededor de $7,7 billones para las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama cerca de $11 billones para garantizar el funcionamiento del sistema. La diferencia asciende a aproximadamente $3,3 billones.

Desde el Gobierno descartan aceptar automáticamente el monto solicitado por los rectores y buscan acordar una cifra intermedia que permita atender parte de los reclamos sin comprometer las cuentas públicas.

“Hay opciones de negociación. Una es subir en un intermedio los fondos, entre lo que damos y lo que piden, y otra es llegar a un acuerdo por las contribuciones patronales de ARCA”, explicó otra fuente oficial.

La segunda alternativa contempla cambios en el régimen previsional de determinadas universidades, con el propósito de aliviar parte de sus costos salariales y patronales sin cubrir toda la diferencia mediante transferencias presupuestarias.

El esquema vigente establece una convergencia progresiva de las contribuciones patronales hacia las alícuotas generales. Para las instituciones alcanzadas por ese régimen, la tasa correspondiente a los subsistemas previsionales incluidos pasa del 13,65% en 2026 al 14,52% en 2027. El Ejecutivo analiza posibles modificaciones, aunque todavía no definió porcentajes ni el instrumento normativo que utilizaría.

La disputa judicial por la Ley de Financiamiento Universitario

La negociación también está atravesada por el conflicto judicial relacionado con la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, que establece mecanismos de recomposición salarial y actualización de los recursos destinados a las universidades.

El Gobierno cuestiona el impacto fiscal de la norma y busca impulsar modificaciones que permitan reemplazar parte de sus disposiciones por un esquema acordado con las autoridades universitarias y respaldado por el Congreso.

El frente judicial continúa siendo uno de los principales obstáculos para alcanzar una solución definitiva. El 6 de octubre, el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional una disposición del decreto reglamentario que condicionaba la aplicación de la ley a la identificación de fuentes de financiamiento. El Ejecutivo apeló esa decisión.

Durante octubre, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal habilitó nuevas apelaciones del Gobierno y dejó provisoriamente en suspenso las multas diarias de $100.000 que pesaban sobre el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Sin embargo, esas decisiones no resolvieron la controversia de fondo ni determinaron definitivamente si el Estado cumplió con las obligaciones establecidas judicialmente.

Por eso, en la Casa Rosada consideran que un acuerdo político podría contribuir a encauzar la disputa, aunque una eventual negociación no dejaría sin efecto automáticamente las resoluciones judiciales vigentes.

Las diferencias internas por las concesiones a la oposición

El intento de acercamiento con las universidades se desarrolla en medio de diferencias dentro del propio oficialismo por las concesiones que el Gobierno debió aceptar durante las negociaciones parlamentarias.

Un sector del Ejecutivo cuestiona las modificaciones impulsadas en materia de discapacidad, las negociaciones vinculadas con la venta de tierras y las propuestas sobre morosidad. Según esas posiciones, algunos cambios se alejan de la agenda original de La Libertad Avanza y generan tensiones dentro del espacio.

Sin embargo, otros sectores consideran que la falta de mayorías propias obliga a negociar con bloques aliados para evitar nuevas derrotas legislativas.

“Nuestro límite es el equilibrio fiscal. Esa es la línea que bajó el Presidente y la vamos a respetar”, sostuvo un funcionario nacional.

En el Gobierno reconocen que Milei busca evitar concesiones que comprometan el equilibrio de las cuentas públicas, aunque admiten que el oficialismo dispone de un margen limitado para imponer su posición en el Congreso.

Otra fuente de la Casa Rosada reconoció las dificultades para sostener la postura inicial del Ejecutivo ante la falta de votos suficientes. “Son temas en los que ya perdimos catorce a cero y tenemos que resolverlos”, expresó.

El Gobierno busca evitar nuevas protestas antes de 2027

La Casa Rosada pretende trasladar esa estrategia de negociación al conflicto universitario durante el tratamiento del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados.

El objetivo es acordar mayores recursos o beneficios previsionales, modificar el esquema de financiamiento vigente y reducir la exposición judicial antes del cierre del año. En paralelo, el Gobierno busca evitar nuevas movilizaciones masivas y llegar al verano con los principales focos de conflicto encaminados.

La negociación se produce después de una nueva Marcha Federal Universitaria y de los cuestionamientos del CIN al manejo presupuestario del sistema educativo. Las autoridades universitarias reclaman el cumplimiento de la ley sancionada por el Congreso y advierten sobre las dificultades para garantizar el funcionamiento de las instituciones con los fondos previstos.

Por ahora, no hay un acuerdo definitivo ni una propuesta cerrada. Las próximas conversaciones deberán determinar si el Gobierno está dispuesto a elevar las partidas, modificar las contribuciones patronales o combinar ambas alternativas para acercar posiciones.

El desafío para el Ejecutivo será alcanzar una solución que permita reducir el conflicto con las universidades sin apartarse del equilibrio fiscal, en un escenario en el que las negociaciones legislativas, la disputa judicial y las demandas del sistema universitario siguen condicionando la agenda política.