Durante los alegatos de clausura ante el Senado paraguayo, el abogado Ricardo Preda cuestionó la legalidad del procedimiento impulsado contra el mandatario.
La defensa de Santiago Peña cuestionó la validez jurídica del juicio político impulsado en su contra durante la etapa de alegatos de clausura ante el Senado de Paraguay. El abogado Ricardo Preda sostuvo que el procedimiento estuvo marcado por irregularidades que afectaron garantías fundamentales del mandatario.
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En su exposición, el letrado afirmó que el Congreso aplicó un trámite sumario que no permitió una revisión exhaustiva de las actuaciones, lo que, según argumentó, vulneró el debido proceso y el derecho a ejercer una defensa adecuada.
Preda también apuntó contra los fundamentos de la acusación parlamentaria y aseguró que la comisión acusadora de la Cámara de Diputados no consiguió acreditar la causal constitucional de mal desempeño de funciones.
Otro de los ejes de su presentación estuvo relacionado con las denuncias financieras que forman parte del proceso, en el marco del escándalo por el colapso de Ueno Bank, que derivó en una profunda crisis institucional y económica en Paraguay.
Al respecto, la defensa sostuvo que los cuestionamientos financieros expuestos durante el juicio no establecen un vínculo causal directo con decisiones, órdenes o conductas que puedan atribuirse a Peña en el ejercicio de la Presidencia.
El proceso se desarrolla luego de que la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad el pedido de juicio político contra el mandatario, en medio de las denuncias por presuntos conflictos de intereses, irregularidades financieras y mal desempeño de sus funciones.
La definición quedó en manos del Senado paraguayo, que deberá resolver el futuro institucional del mandatario en un escenario de fuerte tensión política, agravado por la crisis de Ueno Bank y la pérdida de respaldo de Peña dentro de su propio espacio político.