El caso de Érika Álvarez sigue su curso en Tucumán, donde el exmilitar Felipe Sosa es acusado de femicidio y enfrenta una posible pena de prisión perpetua.
La audiencia del juicio por el caso de Érika Antonella Álvarez, cuyo cuerpo fue hallado el 8 de enero en un basural de Manantial Sur, se lleva a cabo en Tucumán, con el exmilitar Felipe Sosa como principal acusado. En esta nueva etapa, el Ministerio Fiscal ha solicitado prisión perpetua para Sosa, mientras que los implicados Justina Gordillo y Jorge Díaz enfrentan acusaciones de encubrimiento con penas de seis años de cárcel.
La investigación, dirigida por la Unidad Fiscal de Homicidios I bajo la supervisión de Pedro Gallo, ha revelado detalles escalofriantes sobre el crimen. El juicio ha contado con la presencia de testigos clave, incluyendo una escribana que relató cómo Sosa la contactó para gestionar poderes a favor de Gordillo, lo que sugiere un posible intento de encubrimiento de sus acciones.
Se espera que el tribunal, compuesto por los jueces Gonzalo Javier Ortega, Eliana Gómez Moreira y María Valeria Mibelli, escuche testimonios adicionales, incluyendo a expertos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del MPF, en la sesión programada para el 19 de noviembre. Los testimonios anteriores han sido fundamentales para esclarecer los hechos ocurridos la noche del asesinato de Álvarez.
Según la acusación, el 7 de enero de 2026, Álvarez fue a la casa de Sosa, quien, aprovechando su condición de exmilitar y la vulnerabilidad de la joven, le causó diversas lesiones que resultaron fatales. La Fiscalía sostiene que Sosa actuó con violencia extrema, evidenciando una relación de poder desigual que culminó en un femicidio.
La participación de Gordillo y Díaz ha sido igualmente cuestionada. La Fiscalía argumenta que Gordillo mantuvo comunicaciones con Sosa y estuvo presente en el domicilio del acusado en momentos críticos, sugiriendo que contribuyó al ocultamiento del cuerpo y a la eliminación de pruebas. Díaz, por su parte, está acusado de haber colaborado en la limpieza del lugar y en la desaparición de elementos vinculados al crimen.
Durante el juicio, el MPF ha enfatizado la gravedad de los delitos imputados y ha solicitado penas adecuadas a la magnitud de los mismos. La querella se ha alineado con las pretensiones del Ministerio, mostrando un frente unido en la búsqueda de justicia para Érika Álvarez.
El juicio continúa, y con cada testimonio se acumulan más evidencias que podrían determinar el futuro de los acusados. La comunidad espera con atención el desenlace de este caso que ha conmocionado a la sociedad tucumana y que pone en evidencia la lucha contra la violencia de género en el país.