La abogada de la familia de la víctima dijo que pedirán el cambio de carátula porque en su consideración "los hechos investigados no se adecuarían a una desaparición forzada"
A más de un mes del asesinato de Luis Espinoza en Tucumán, la abogada de la familia de la víctima Cinthia Campos adelantó que pedirá el cambio de calificación de la causa. La investigación actualmente está caratulada como "privación ilegítima de libertad seguida de muerte y desaparición forzada de persona", y la querella pedirá que se modifique a "homicidio doblemente agravado".
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El trabajador rural fue asesinado el 15 de mayo por un disparo en la espalda en el paraje de Melcho, después de un operativo policial por un festival de caballos cuadreros. Tras el crimen arrojaron su cuerpo en un barranco en Catamarca. De acuerdo a las pericias la víctima recibió un disparo proveniente del arma que usó el oficial José Morales. Hay nueve efectivos y un civil detenidos por el asesinato.
La abogada de la familia de la víctima dijo que pedirán el cambio de carátula porque en su consideración "los hechos investigados no se adecuarían a una desaparición forzada". Explicó que con este pedido buscarán "evitar futuros planteos de la defensa para dilatar la situación, en el caso de estos abogados solicitaran la intervención de la Justicia Federal". "Si se produce el cambio no correríamos riesgo de que la prueba se debilite y sea cuestionada como nula", afirmó.
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Campos además explicó por qué solicitaron que la prisión preventiva fuera de seis meses y no de doce, contra lo planteado por la fiscal Mónica García de Targa. La abogada dijo que pidieron un plazo menor porque el de doce meses les parecía "excesivo" y que "no hay necesidad de extenderlo en el tiempo". El juez Mario Velázquez dictó la preventiva por seis meses para los acusados.
La letrada consideró que la investigación avanzó en tiempo récord y que está esclarecida. Dijo que están dados los elementos para que el juicio se desarrolle antes de fin de año. "No queremos que nadie se olvide de lo que pasó, que no se enfríe la causa", dijo.
Explicó que hay numerosas evidencias para demostrar la participación de los detenidos en el asesinato. Como la declaración de los policías que se quebraron, la pericia balística, y las grabaciones de cámaras que muestran al auto de que trasladó el cuerpo de la víctima y el trayecto de vuelta después de que lo desecharan, entre otras pruebas.
Espinoza fue asesinado el 15 de mayo de un disparo en la espalda, durante un operativo policial. Su cuerpo fue envuelto con una frazada, atado con sogas y cinta de embalar y desechado en un barranco montañoso en el límite entre Tucumán y Catamarca, a más 100 metros de profundidad.
Según el testimonio de su hermano Juan Espinoza, fueron interceptados por policías que realizaron un operativo durante un festival de caballos cuadreros. Declaró que al menos cuatro policías forcejearon con él para detenerlo. Su hermano trató de intervenir para defenderlo, y en ese momento escuchó disparos y le perdió el rastro a Luis.
Los policías esposaron a Juan y lo mantuvieron en el suelo durante más de una hora. Luego lo liberaron y cuando les preguntó por su hermano, le dijeron que probablemente había huido al monte. A los pocos días del crimen se quebraron dos policías que participaron del operativo, lo que permitió encontrar el cuerpo de la víctima.
De acuerdo al expediente el comisario Rubén Montenegro, a cargo de la comisaría de Monteagudo, convocó a nueve policías para realizar un operativo por carreras cuadreras en Melcho. Fue acompañado por el oficial Morales, los sargentos René Ardiles y Víctor Salinas, los cabos Claudio Zelaya y Miriam González, los agentes José Paz, Carlos Romano y Esteban Rojas González y el vigía de la comuna, Sergio Santillán.
En un camino interceptaron a los hermanos Espinoza. Golpearon a Juan y le dispararon por la espalda a Luis, que habría muerto en ese mismo lugar. De acuerdo a la investigación lo cargaron en el baúl del auto de Montenegro hasta la comisaría de la localidad de Monteagudo. Allí lo envolvieron para trasladarlo hasta la zona de Las Banderitas, donde lo desecharon. Según las pericias el trabajador rural recibió un disparo en la espalda del arma que usó el oficial Morales.
El juez dictó seis meses de prisión preventiva para los acusados por el crimen. Los imputó provisoriamente por el delito de desaparición forzada de persona con resultado de muerte y privación ilegítima de la libertad en concurso real. Están alojados en tres cárceles de la provincia.