En enero, la recaudación nacional fue impulsada por los trabajadores debido a un reordenamiento tributario, según un centro de estudios. Gobernadores e intendentes siguen exigiendo el pago de deudas, incluyendo el fondo de seguridad adeudado por la Nación y $5,3 billones por obras públicas comprometidas en la provincia de Buenos Aires.
La presión impositiva en Argentina experimentó una leve reducción de 0,4 puntos porcentuales en 2024, ubicándose en el 27,5% del Producto Bruto Interno (PBI). Esta disminución se debió principalmente a la reducción de la carga tributaria en las provincias, que hicieron un esfuerzo tres veces mayor que el gobierno central para alivianar la presión fiscal. Sin embargo, el alivio para las provincias sigue siendo limitado, ya que los gobernadores e intendentes continúan reclamando al Ejecutivo el cumplimiento de sus obligaciones, especialmente el pago de fondos pendientes.
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A nivel global, los impuestos de las provincias cayeron del 5,1% al 4,8% del PBI en 2024, lo que implicó una reducción de 0,3 puntos, según datos del Instituto Argentina Grande (IAG). En contraste, la presión tributaria nacional solo mermó un 0,1%, con una caída mucho más moderada. En este contexto, el presidente Javier Milei ha intensificado su presión sobre los distritos para que reduzcan sus impuestos y se ha enfrentado a las tasas municipales, mientras que las provincias siguen cargando con la mayor parte de la pérdida de recursos, especialmente por la caída en la actividad económica.
A pesar de que algunos indicadores muestran mejoras estadísticas, como la leve recuperación en el último trimestre del año, las provincias siguen siendo las más afectadas por la falta de recursos. Las transferencias de los impuestos nacionales a las provincias se han visto disminuidas, especialmente en tributos clave como las retenciones y el impuesto PAIS, que no son coparticipables y, por tanto, no benefician a los gobernadores.
En enero de 2025, la recaudación tributaria nacional alcanzó los $15 billones, con un crecimiento interanual del 95,2%, lo que representa un aumento real del 5,5%. Sin embargo, el informe de la Fundación Encuentro señala que gran parte de estos ingresos provienen de los tributos vinculados a los trabajadores, como la seguridad social, el IVA y el impuesto a las ganancias, lo que pone de relieve la carga sobre los sectores productivos y los asalariados.
La deuda del gobierno nacional con las provincias continúa creciendo. En particular, la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, enfrenta una deuda acumulada de $7,8 billones, de los cuales $5,3 billones corresponden a obras públicas comprometidas por el Ejecutivo. Esta deuda sigue sin ser saldada, lo que ha generado un creciente malestar entre los gobernadores. El reclamo por el pago de los fondos adeudados se intensificó tras el recrudecimiento de la violencia en la provincia, lo que llevó a los intendentes de la quinta sección electoral a exigir la restitución urgente del dinero correspondiente al fondo de seguridad, que fue recortado por el gobierno central.
El déficit en la ejecución de obras también se ha hecho notar. La Dirección Nacional de Vialidad, encargada del mantenimiento de las rutas nacionales, vio una caída de 72,2% en sus recursos en 2024, lo que ha generado preocupación por el deterioro de la infraestructura vial. A pesar de que por ley el 14% de los ingresos por el impuesto a los combustibles deben ser destinados a Vialidad, la ejecución de estos fondos ha sido insuficiente, generando un desfase significativo entre lo recaudado y lo invertido.