El Gobierno enviará el proyecto en sesiones ordinarias. También se endurecen las condenas contra los incendios intencionales, los piqueteros, los barrabravas y las usurpaciones de viviendas.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ya tiene en su poder el nuevo Código Penal que elaboró un equipo de especialistas en la materia y que el presidente Javier Milei enviará al Congreso en las próximas sesiones ordinarias, con la esperanza de que sea aprobado por el cuerpo y endurecer así las penas contra la corrupción, los piqueteros y los barrabravas, pero también proteger a la Policía en su accionar y crear nuevos delitos, algunos incluso contra “el orden internacional”.
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El texto, plantea una serie de reformas a la normativa actual, que data de 1921 y que, si es sancionada sin modificaciones, pasaría de 316 a un total de 540 artículos.
El documento, que incorpora casi 1.000 leyes especiales, está dividido tres Libros, el primero de ellos referido a la Parte General; el segundo, a la Parte Especial y el tercero, vinculado a los Delitos contra el orden internacional.
Uno de los puntos destacados de la iniciativa es el denominado “impedimento de acceso a la libertad condicional en delitos graves”, que establece que no se le podrá conceder ese beneficio a personas declaradas reincidentes ni a las condenadas por delitos dolosos violentos que provocaron grave daño a la salud o la muerte, o abuso sexual agravado, entre otros.
En este sentido, la pena efectiva de prisión perpetua será de 35 años de cumplimiento total en cárcel y de 40, si es múltiple reincidente. Además, la libertad condicional será revocada si el beneficiario comete un nuevo delito o violare la obligación de residencia.
Por otra parte, se suma un apartado sobre la legítima defensa de las fuerzas de seguridad y la “presunción en favor de la autoridad pública”, que indica que no será punible quien obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo.
Tampoco será punible el miembro de alguna fuerza de seguridad pública o del servicio penitenciario que, “en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria, causare lesiones o muerte”.
También se contemplan nuevas modalidades delictivas, como las estafas piramidales y fraudes informáticos, incluyendo aquellos perpetrados mediante inteligencia artificial, con penas de hasta 7 años de prisión para el caso de estafa agravada y multa de 2 a 5 veces el beneficio obtenido.