El Ejecutivo sostiene ahora que “el Senado debió haber prestado acuerdo a los candidatos propuestos” por él, y que, sin embargo, “han evadido respetar la decisión de este gobierno, aun cuando la falta de pronunciamiento implica un grave daño al funcionamiento de uno de los tres poderes de la República”.
La Corte ya se pronunció sobre este último punto: ella puede seguir funcionando con normalidad, designando miembros interinos en caso de necesidad, como ya ha hecho en el pasado. Punto en contra del argumento oficial.
Pero, además, el Senado hizo su trabajo, consideró los pliegos, solo que no se formó mayoría para aprobarlos. Si recién hace pocas semanas, el 12 de febrero, durante las sesiones extraordinarias, salió un dictamen de mayoría, una mayoría muy precaria encima, de la Comisión de Acuerdos, es falso que el Senado se negara a tratarlo en las sesiones ordinarias del año pasado: simplemente pasó que el oficialismo venía fracasando hasta último minuto en conseguir ese dictamen. Y si aun contando con el dictamen tampoco se trataron los pliegos en una sesión plenaria posterior no fue porque los senadores no quisieran sesionar, sino porque el oficialismo advirtió que saldría derrotado y decidió no incluir el tema. Podría haberlo hecho cuando se votó la suspensión de las PASO, pero lo dejó para otro día y luego suspendió la convocatoria. Segundo argumento que se hunde.
Por último, la comparación con otros presidentes, muchos de ellos ilustres, que durante sus gobiernos designaron jueces para la Corte por decreto, por las mismas razones recién expuestas, tampoco se sostiene. Es cierto que lo hizo Alfonsín, lo hizo Macri y en el pasado remoto fue aún más frecuente. Pero en todos los casos se trató de nominaciones que no habían sido previamente consideradas y resistidas por los legisladores, con las que los presidentes de turno resolvieron problemas concretos y urgentes en la Justicia (no unos que la propia Corte niega y que se podrían resolver en el Senado en pocos días más), y lo hicieron, además, en todos los casos, seleccionando candidatos que tenían altas chances de sortear el Senado (y de hecho allí luego esos decretos serían respaldados).
Milei hizo acá todo lo contrario: primero intentó esta vía, la del Senado, y como fracasó, ahora recurre al decreto. ¿Por qué piensa que un hecho consumado, impuesto casi el último día hábil antes de que vuelvan a sesionar las cámaras, va a convencer a más senadores que una propuesta que respetaba sus atribuciones?
Tal vez lo que espera no es que se sumen así avales, sino que se pueda prolongar el mismo estado de indefinición que hubo hasta aquí en esa cámara: no hay mayoría para votar los nombres que quiere el gobierno, pero tampoco sesión en que se los rechaza, porque los opositores están muy divididos y la presidenta del Senado está acorralada; y por tanto la situación sigue y sigue hasta que se “normaliza”. Lo que podría resolverse a favor del gobierno si en octubre próximo la composición de la Cámara Alta cambiara a favor suyo, y las resistencias desde entonces se deslegitimaran y desarticularan.
Pero puede también que la invitación que le está haciendo el Ejecutivo al Senado a pelear tenga un efecto contraproducente para el primero. Es lo que amedrenta al propio beneficiario del decretazo: Ariel Lijo se resiste a renunciar a su cargo de juez federal, porque teme que el nuevo empleo que le consiguió Milei por decreto no dure mucho, y quiere tener donde refugiarse en la eventualidad de que lo saquen de la Corte por las buenas unos senadores enojados al ver cómo lo meten ahora en ella por las malas.