El Gobierno comenzó a anudar acuerdos con distintas provincias y confía en que logrará el objetivo, aunque la duda es todavía a qué costo.
El calendario aprieta. En solo tres semanas, antes del 31 de diciembre, la ley de presupuesto 2026 debería ser sancionada por ambas cámaras si se pretende evitar una tercera prórroga consecutiva del actual presupuesto, lo que dejaría en evidencia el fuerte traspié del oficialismo en su negociación con los gobernadores. Consciente de ello, el Gobierno comenzó a anudar acuerdos con distintas provincias y confía en que logrará el objetivo, aunque la duda es todavía a qué costo.
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La iniciativa comenzará a discutirse en la Cámara de Diputados el 15 de este mes, una vez conformada la Comisión de Presupuesto; la intención de su presidente, Martín Menem, es llevarla al recinto para darle media sanción dos días después para inmediatamente girarla al Senado. En paralelo se constituirá la Comisión de Legislación Penal para avanzar en el proyecto de Inocencia Fiscal, ideada por el Ministerio de Economía para incentivar a que la gente saque los “dólares del colchón” para alentar el consumo y la inversión.
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En paralelo, en la Cámara alta se iniciará la discusión de la llamada modernización laboral, cuyo texto final todavía se desconoce; si bien la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, intentará apurar la marcha, en el oficialismo deslizan que, por su complejidad, la Cámara de Diputados recién podrá convertirla en ley en las sesiones extraordinarias que se convoquen para enero y febrero próximos.
Lo mismo sucedería con la ambiciosa reforma del Código Penal propiciada por Bullrich; la exministra de Seguridad pretende crear una comisión bicameral para acelerar el tratamiento de esta iniciativa –que aún no fue presentada al Congreso-, pero difícilmente vea la luz antes de marzo próximo, admiten en el oficialismo.
La prioridad del Gobierno está puesta en sancionar la ley de presupuesto 2026 para ofrecer una primera señal de gobernabilidad a los mercados, el gobierno de los Estados Unidos y los organismos de crédito internacionales.
El éxito en la velocidad del tratamiento del proyecto dependerá de los acuerdos alcanzados con los gobernadores. En ello trabajan a contrarreloj Menem y el ministro del Interior, Diego Santilli: ambos descuentan que la ley será aprobada, aunque el desafío de ambos será evitar que, durante la discusión en particular de los artículos, la oposición se salga de libreto e incorpore alguna cláusula que ponga en riesgo el equilibrio fiscal.
“Ese punto –el equilibrio fiscal- no se negocia. Cualquier artículo que se incluya e implique un costo fiscal sin su correspondiente financiamiento, será vetado”, advierten en el oficialismo. Con el recambio parlamentario, el tercio de los votos libertarios para blindar los vetos está garantizado.
Las demandas de los gobernadores son diversas; algunas son más costosas en términos fiscales. Otras, en cambio, están supeditadas a la voluntad del Poder Ejecutivo: es el caso de la autorización que requieren las provincias de la Nación para buscar financiamiento en el mercado de capitales, tanto el local como en el exterior.
La última serie de garantías nacionales significativas para provincias data de marzo pasado. Con la caída del riesgo país tras las elecciones, los pedidos se incrementaron y el ministro de Economía, Luis Caputo, a instancias de Santilli, comenzó a agilizar los trámites para las autorizaciones, priorizando a las provincias amigas y los votos que éstas proveen en el Congreso.
Así, hace 15 días hizo una colocación la administración de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) por US$600 millones, a una tasa del 7,8%, con aval nacional. El jueves pasado fue el turno de Santa Fe, cuyo gobernador Maximiliano Pullaro colocó U$S 810 millones al 8,1% a nueve años. También obtuvo los avales correspondientes para buscar fondos afuera el neuquino Rolando Figueroa, mientras que el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, logró la contragarantía de la Nación para un crédito de US$75 millones para obras de agua potable en el Gran Mendoza y San Rafael.
En paralelo, el Gobierno incluyó en el temario de sesiones extraordinarias la reforma de la ley de Glaciares, una demanda que las provincias de Cuyo y del Norte reclaman hace tiempo para alentar las inversiones mineras en sus territorios. Son provincias -Catamarca, San Juan, Mendoza, Salta y Jujuy- que en el Congreso tienen bloques propios y que aportan votos, sobre todo en el Senado. Nada es casual.
La reforma propone delegar en cada provincia la definición de cuál es su zona periglaciar. “La normativa actual afecta las posibilidades de inversión en varios sectores: la minería, el turismo, la actividad frutihortícola. Queremos que cada provincia, previa ley de sus respectivas legislaturas, delimite cuál es su zona periglaciar, no un burócrata de Buenos Aires”, justifican en la Casa Rosada.
Más compleja –y costosa- es la demanda de las 13 provincias cuyas cajas previsionales no fueron transferidas a la Nación. Desde la llegada de los libertarios al Gobierno, la Anses interrumpió las transferencias obligatorias por ley. Solo Entre Ríos y Córdoba lograron giros a cuenta de la conciliación definitiva de deudas después de haber ido a la Corte Suprema de Justicia.
El proyecto de ley de presupuesto contempla una partida de apenas $122.763 millones para atender estas transferencias, una cifra que los gobernadores reprocharon de insuficiente. Exigen, al menos, unos $900.000 millones para cubrir los déficits reales de sus provincias.
El Gobierno, por ahora, no dio pistas sobre cómo enfrentará este reclamo. “Estamos trabajando en eso”, se limitan a decir en el oficialismo, conscientes de que ya no podrán demorar una solución al problema y que un gesto podría atraer el voto de las díscolas Provincias Unidas, espacio que tiene en Diputados nada menos que 22 votos.
Quien también se encuentra en la dulce espera es el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, quien reclama la inclusión en el presupuesto el pago del 1,55% de coparticipación acordado tras un fallo de la Corte Suprema, como así también el saldo de la deuda atrasada por este concepto desde agosto pasado.
La resolución de este conflicto en la Ciudad es clave para garantizarse el apoyo sin cortapisas del bloque de Pro. “No hay avances concretos por el momento. Ayer se dejó planteada la postura de la Ciudad para buscar una solución al tema. Se va a programar una nueva reunión para la semana que viene entre los equipos técnicos”, señalaron los voceros del gobierno porteño.
Trascendió que en su reunión con Santilli y con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, Macri ofreció como alternativa que le paguen vía la transferencia de bienes o predios nacionales. Todavía no recibió respuesta, aunque los libertarios dieron una primera señal de paz con su apoyo, en la Legislatura porteña, a la aprobación del presupuesto 2026 elevado por el jefe de gobierno.
La semana próxima será clave para terminar de cerrar las negociaciones abiertas. El objetivo de base es sancionar el presupuesto sin ceder a presiones que alteren el equilibrio fiscal. Los libertarios se ilusionan con una aprobación por amplia mayoría; los más pragmáticos, en cambio, tienen pretensiones más módicas. “Vamos a festejar aunque saquemos la ley por un voto de diferencia”, deslizan.