El juez Armella autorizó que se analicen más de 10 dispositivos móviles. La medida busca reconstruir comunicaciones y posibles nexos entre los involucrados en supuestas maniobras de lavado de activos.
La investigación por presunto lavado de dinero que tiene bajo la lupa a la firma Sur Finanzas sumó en las últimas horas una nueva medida clave.
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El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, dispuso que se realice un análisis exhaustivo del contenido de los teléfonos celulares secuestrados en la causa, que involucra a Ariel Vallejo, empresario con vínculos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y con fuertes intereses en el negocio del fútbol.
El magistrado hizo lugar a un planteo de la fiscal federal Cecilia Incardona, quien solicitó que la información extraída de los dispositivos sea revisada en profundidad para detectar “cualquier tipo de dato que resulte de interés” para la investigación.
En total, el expediente cuenta con cerca de 40 teléfonos celulares incorporados como prueba. En esta primera etapa, el peritaje se concentrará en 14 aparatos considerados prioritarios, entre ellos el de Ariel Vallejo y el de su madre, Graciela Vallejo, quien figura formalmente como presidenta de Sur Finanzas.
La medida busca reconstruir comunicaciones, movimientos y posibles nexos que permitan esclarecer el funcionamiento de la empresa investigada y determinar si existieron maniobras de lavado de activos.
Según consta en el expediente, el esquema bajo sospecha se basaría en el otorgamiento de préstamos inflados: instituciones que necesitaban montos menores firmaban por cifras mucho más altas, lo que permitía convertir dinero ilegal en fondos declarados.
La diferencia regresaba a la financiera para luego ser distribuida entre actores políticos o municipales. Los investigadores apuntan a que estos movimientos podrían haberse canalizado también mediante derechos de televisación o ingresos de marketing.
Los 17 clubes investigados por este caso son Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Acassusso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.
La fiscal solicitó anteriormente el levantamiento del secreto fiscal y bancario de todas las instituciones involucradas, y pidió avanzar de manera específica sobre cada una de ellas para establecer el rol que pudieron haber tenido en el circuito investigado.
Durante los allanamientos, la Policía Federal se llevó documentación administrativa, contratos, computadoras y dispositivos electrónicos para su análisis.
El foco judicial no se limita solo a las instituciones deportivas. La investigación avanza también sobre un grupo de monotributistas sin capacidad económica real que habrían movido cifras multimillonarias a través de billeteras digitales y cuentas vinculadas a Sur Finanzas.
Informes de la DGI describieron a estos contribuyentes como “apócrifos”, señalando que sus declaraciones no guardan relación con los montos operados.
Los movimientos detectados incluyen decenas de miles de millones de pesos en transferencias virtuales, millones en efectivo y operaciones asociadas directamente a la financiera investigada.
En paralelo, la Justicia dispuso embargos preventivos y medidas para preservar bienes de Vallejo y de personas de su entorno directo, además de comunicaciones a organismos registrales, al Banco Central, la UIF, la Comisión Nacional de Valores y el Mercado de Valores para detectar activos y evitar maniobras de vaciamiento.