Eduardo Bieler debe afrontar una pena de $379 millones. CRA cuestionó el avance judicial de una sanción apelada y alerta por el impacto económico para el propietario del establecimiento.
El caso de un productor de Santa Fe volvió a encender las alarmas dentro del ruralismo por el alcance y las consecuencias de las sanciones ambientales.
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Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) denunció que una multa de $379 millones impuesta por el gobierno provincial, originada en una falta administrativa, podría derivar en la pérdida total del campo de Eduardo Bieler, un productor de la zona de los bajos submeridionales, cuyo establecimiento constituye su único medio de subsistencia. Además, Bieler se desempeñó como jefe de la Policía Rural entre 2018 y 2020,
La advertencia fue formulada por el secretario de CRA, Adrián Luna Vázquez, quien en una entrevista con Canal Rural cuestionó con dureza la desproporción entre la infracción cometida y la penalidad aplicada.
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Según explicó, la sanción se originó por no haber informado formalmente una tarea de limpieza en una cañada ubicada dentro de un curso de agua que atraviesa el establecimiento. Se trata, remarcó, de una omisión administrativa y no de una actividad prohibida por la normativa vigente.
De acuerdo con lo señalado por el dirigente, el monto de la multa duplica el valor del campo y expone al productor a una situación extrema. “Estamos frente a una sanción absolutamente confiscatoria, sin ninguna proporcionalidad entre la falta y la pena”, sostuvo, al tiempo que alertó sobre el impacto económico y humano del proceso.
Una sanción bajo la lupa
Luna Vázquez explicó que la multa tiene carácter penal y que, a pesar de estar apelada, el Estado provincial avanzó con un juicio de apremio para ejecutar el cobro. Ese punto es uno de los más preocupantes para la entidad. Según detalló, la sanción aún no se encuentra firme, pero igualmente se activó el mecanismo judicial para su cobro, lo que acelera el riesgo de remate del campo.
Desde CRA señalaron que tomaron contacto directo con Bieler y analizaron tanto el expediente administrativo como las actuaciones judiciales. El objetivo inmediato es frenar la ejecución y evitar que el productor pierda su propiedad antes de que se resuelva el fondo de la cuestión. En ese sentido, el dirigente subrayó que el remate del campo ni siquiera alcanzaría para cubrir el monto total de la multa, lo que deja en evidencia, a su entender, el carácter confiscatorio de la sanción.
El caso también puso de relieve el rol de las entidades de base. Confederaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE) acompañó al productor desde el inicio del conflicto y participó activamente en las gestiones para encontrar una salida. Para CRA, se trata de un antecedente peligroso que podría replicarse en otros establecimientos si no se revisa el criterio con el que se aplican este tipo de sanciones.
En paralelo, la entidad mantiene conversaciones con el actual gobierno provincial tras el cambio de gestión. Según Luna Vázquez, existe una manifestación de voluntad política para revisar el caso y evitar que avance el proceso judicial. La expectativa es lograr una solución antes de la reanudación plena de la actividad judicial en febrero.
Para CRA, el planteo es claro: no se discute la necesidad de cumplir con la normativa ambiental, pero sí la razonabilidad de las sanciones. “La única salida lógica es que el Estado dé marcha atrás con la multa o aplique una sanción proporcional”, advirtió el dirigente, al tiempo que insistió en que está en juego no solo un campo, sino la continuidad productiva de una familia.