La presentación judicial apunta a un presunto conflicto de intereses y a un circuito de relaciones comerciales con firmas vinculadas a organismos públicos.
Una denuncia judicial presentada por la diputada nacional Marcela Pagano puso en el centro de la escena a Bettina Julieta Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, por los contratos y vinculaciones empresariales de su consultora +BE.
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El expediente, que recayó en el Juzgado Federal N°11 a cargo de Ariel Lijo, plantea la posible existencia de un conflicto de intereses y la conformación de un supuesto circuito de relaciones comerciales entre empresas privadas y organismos estatales.
Según el escrito, podría existir un “circuito triangular de flujos económicos” entre una petrolera estatal, la firma National Shipping SA y la consultora +BE, propiedad de Angeletti.
De acuerdo a la denuncia, la consultora habría brindado capacitaciones a directivos de la naviera en tres oportunidades entre 2024 y 2025, por un monto total de 6.370.000 pesos. La diputada sostiene que ese vínculo podría implicar un retorno indirecto de fondos al entorno familiar de Adorni, quien actualmente integra el directorio de la petrolera en representación del Estado.
Desde la empresa naviera indicaron que su relación contractual con la petrolera se mantiene desde hace décadas y remarcaron que la designación de Adorni fue posterior a las capacitaciones cuestionadas.
La presentación también incluye la licitación del predio de Tecnópolis, cuyo proceso está bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Entre las firmas preseleccionadas figura DirecTV Argentina, asociada al Grupo Foggia, señalado como cliente de la consultora +BE.
Además, se menciona la relación de una asesora de la Secretaría General de la Presidencia con ese grupo empresario, lo que, según la denunciante, podría configurar otro posible conflicto de intereses.
El escrito incorpora también a otras empresas que habrían tenido vínculos comerciales con la consultora, entre ellas el Grupo Datco, proveedor de servicios para distintos organismos estatales como el Banco Central, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y AySA.
Otro de los puntos de la denuncia apunta a presuntas irregularidades en licitaciones para el envío de comunicaciones oficiales, en las que habrían participado empresas con vínculos entre sí, lo que podría configurar una simulación de competencia.
Por último, la presentación solicita investigar la evolución patrimonial de Adorni, al considerar que habría registrado un incremento, pese a mantener ingresos declarados en valores de años anteriores.
La Justicia federal deberá determinar ahora si los vínculos señalados corresponden a actividades privadas legítimas o si podrían constituir conflictos de interés o irregularidades en la relación entre empresas y el Estado.