El espacio para periodistas vuelve a funcionar este lunes tras permanecer cerrado desde el 23 de abril, en medio de reclamos por restricciones al trabajo de la prensa.
El Gobierno confirmó que este lunes volverá a abrir la Sala de Periodistas de la Casa Rosada, luego de una semana de restricciones al ingreso de la prensa acreditada a Balcarce 50. La decisión se conoció en la antesala del feriado del 1 de Mayo y en medio del avance del amparo presentado por Ámbito ante la Justicia para recuperar el acceso de sus periodistas a la sede del Poder Ejecutivo. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO Además, el vocero presidencial Manuel Adorni volvería a brindar su conferencia de prensa habitual el lunes a las 11, ya con la sala nuevamente habilitada para la cobertura periodística. Según trascendió, la reapertura estará acompañada, al menos en una primera etapa, por mayores controles de ingreso. En las últimas horas, desde Casa de Gobierno enviaron un correo informando a los periodistas acreditados la aceptación de credenciales que debían haberse renovado hace 20 días, vencidas el 31 de marzo. Según confirmaron fuentes oficiales a C5N, la única excepción fue el periodista de TN apuntado por el supuesto espionaje. Desde Casa Militar habían considerado que el equipo periodístico accedió a áreas restringidas y que la filmación en esos espacios vulneró los protocolos de seguridad establecidos por la institución. La definición llegó en un momento sensible para el Ejecutivo. En la Casa Rosada creció en las últimas horas la preocupación por la posibilidad de que la Justicia dicte una medida cautelar contra el cierre de la sala, en respuesta al planteo judicial impulsado por este medio. Frente a ese escenario, el Gobierno evaluó que el costo político de reabrir el espacio por decisión propia era menor que hacerlo obligado por una orden judicial. En cuanto al regreso del jefe de Gabinete de la Nación a las conferencias de prensa, se anunció que se presentará el lunes a las 11 de la mañana. El regreso de Adorni se produce en un contexto marcado por acusaciones en su contra y luego de haberse enfrentado a las preguntas de los diputados en el Congreso. El funcionario enfrenta denuncias por presunto enriquecimiento ilícito que aún se encuentran en etapa de investigación. No obstante, retomará sus funciones habituales como articulador del Gobierno y volverá a brindar conferencias de prensa. La restricción había sido dispuesta el jueves pasado, sin una comunicación formal previa a los medios acreditados. El Gobierno justificó la medida en la necesidad de revisar las condiciones de seguridad tras una denuncia penal presentada por Casa Militar, organismo que depende de la Secretaría General de la Presidencia, contra dos periodistas de TN por presunto espionaje ilegal, luego de la difusión de imágenes grabadas en interiores y pasillos de la Casa Rosada. El secretario de Comunicación, Javier Lanari, sostuvo entonces que la decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados se había tomado de manera preventiva frente a esa denuncia y con el objetivo de garantizar la “seguridad nacional”. Durante los días en que la sala permaneció cerrada, los periodistas que cubren habitualmente la actividad presidencial debieron continuar su trabajo desde bares y espacios cercanos a Plaza de Mayo, sin poder ingresar a la sede del Poder Ejecutivo. La medida generó rechazos de entidades periodísticas como ADEPA, FOPEA y AEDBA, además de dirigentes de la oposición y organizaciones de la sociedad civil. También hubo gestos de respaldo desde la Iglesia: el arzobispo de San Juan y presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social, Jorge Lozano, recibió a representantes de los periodistas acreditados y luego se mostró con ellos en Plaza de Mayo para visibilizar el reclamo. En ese contexto, Lozano advirtió sobre la necesidad de abrir canales de diálogo, dimensionar la gravedad de la situación y buscar soluciones. También sostuvo que el trabajo de la prensa acreditada en Casa Rosada cumple una función vinculada al derecho de la sociedad a conocer los actos de gobierno. En paralelo, la senadora Carolina Moisés, presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, presentó una iniciativa para modificar la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública y establecer la obligatoriedad de contar con salas de prensa institucionales permanentes en los tres poderes del Estado: el Poder Ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema. El proyecto también busca impedir la revocación masiva de acreditaciones y dispone que cualquier restricción de acceso deba ser individual, fundada y sujeta a revisión judicial.