Cada vez más complicada: la contadora Nora Villarroya podría ser detenida

El debate de la Cámara giró el viernes en torno a un proceso por presunta "estafa" en perjuicio de la firma DEJDE SRL, de Clodomira, Banda.

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La causa es impulsada por la fiscal Celia Mussi y la querella está a cargo de Gabriel Coronel Chalfón. La semana pasada, el juez de Control y Garantías, Héctor Salomón, había rechazado un pedido de eximición de prisión y la defensa, a cargo de Manuel Zavalía, contragolpeó con la apelación.

El viernes, el debate fue ventilado ante los vocales Inés Zamora y Cristian Vittar. Primero, Zavalía se agravió de la resolución de primera instancia, al considerar: "No se valoró adecuadamente la relación jurídica" que unía a las partes, "es decir el poder".

Zavalía dijo que, en virtud de los amplios poderes otorgados por la firma denunciante, su representada había realizado los cobros dentro de las facultades que le fueron encomendadas y durante la vigencia de esos instrumentos públicos.

"Ella quiere dar cuenta de todas las operaciones: de los ingresos, egresos, créditos, deudas, adquisiciones y ventas. Quiere defenderse, pero en libertad. Cotejar cada operación con la fiscalía y la querella, pero en libertad. Sabemos que no es lo mismo hacerlo dentro de un calabozo", indicó Zavalía.

Asimismo, cuestionó que se hubiera recurrido a la privación de la libertad de su representada como primera medida, sin agotar otras vías: "Por ejemplo, rendición de cuentas o comparecencia sin detención, antes de determinar la existencia o no de responsabilidad penal".

Remarcó que la instrucción de la causa lleva ya más de un mes y medio sin que se hayan agotado otras diligencias investigativas propias de este tipo de delito, y cuestionó que la resolución recurrida no brinde una calificación legal que otorgue certeza jurídica solicitando que afronte el proceso en libertad.

A su turno, la fiscal, Celia Mussi, señaló que "existen otras denuncias en idénticos términos, en las que el modus operandi habría consistido en la obtención de amplios poderes que derivaron en perjuicios económicos mediante la gestión de créditos y el libramiento de cheques".

Indicó también que la imputada registra otra causa en la que no compareció a prestar declaración indagatoria, motivo por el cual existe una orden de detención solicitada en su contra.

Planteo de la fiscal
La representante del Ministerio Público Fiscal remarcó que "el perjuicio es constante, ya que continúan llegando intimaciones y ejecuciones en contra de la parte denunciante", y afirmó que "el trato comercial se realizaba exclusivamente con la acusada, quien se manejaba como contadora y no se encontraba matriculada". Acotó que restan medidas probatorias.

Los números de la querella
Por su parte, el querellante subrayó que sus representados "son personas humildes, cuyo trato era exclusivamente con la contadora, quien firmaba en tal carácter". Añadió que los montos involucrados en perjuicio del conjunto de las víctimas "rondarían los $ 12.000.000.000 (doce mil millones de pesos)".

Coronel Chalfón planteó que existirían indicios sobre la participación de otras personas incluidas autoridades bancarias por lo que, a su entender, la contadora no habría actuado sola. Asimismo, negó que sus representados hubieran firmado poderes en la escribanía.

Finalmente, la Cámara de Apelaciones en lo Penal confirmó la decisión del juez de grado y mantuvo el rechazo de la eximición de prisión solicitada a favor de la contadora Villarroya.

Los fundamentos del tribunal se apoyaron en la complejidad del hecho investigado; por el otro, la falta de arraigo de la investigada, extremo que a criterio de los camaristas habilitaría a presumir "un riesgo procesal que justifica el mantenimiento de la medida de coerción".