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Marzo de 2024
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Mitos del extractivismo

Hoy primero de julio se realizará en el auditorio Eva Perón de ATE (Belgrano 2527 de la Ciudad de Buenos Aires) una charla debate que estará a cargo de la socióloga Maristella Svampa, en el marco de la organización del XXVIII Encuentro Nacional de Mujeres que tendrá como sede la capital sanjuanina. El encuentro será esta tarde a las 18. Svampa desnudará los mitos del extractivismo y pondrá el acento en cómo organizarnos para defender los bienes comunes de la voracidad del capital. Maristella Svampa es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y Doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) de París.

01/07/2013

En un anticipo para la agencia Argenpress.Info, la estudiosa sostiene que “el tipo de minería que se desarrolla actualmente en Argentina y en muchos otros países es insustentable por definición”. En su libro “Quince mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina, guía para desmontar el imaginario prominero”, Maristella habla de las mentiras sobre las que está construido el discurso que sostiene el extractivismo a gran escala. Se trata de un libro colectivo, producto de la intervención de varios especialistas en la materia en el debate legislativo para aprobar la Ley Nacional de Glaciares, en septiembre de 2010. Cuando el tratamiento pasó de la Cámara de Diputados al Senado, “nos encontramos -dice- con que no sólo había mucho desconocimiento sobre el tema, sino también una fuerte embestida de los voceros de la minería, desde gobernadores hasta la cámara empresarial minera. Estos señores utilizaban su poder de lobby en los medios para hablar de las bondades de la megaminería, incurriendo en todo tipo de falsedades y terrorismo estadístico”.

Agrega que frete a esa realidad, junto a varios colegas, entre ellos Enrique Viale (abogado ambientalista), Marcelo Giraud (geógrafo) y Horacio Machado (politólogo), “decidimos contestar esas mentiras punto por punto, buscando datos y desarrollando argumentos. Así nació el libro, inspirado en un texto corto de la periodista canadiense Jeniffer Moore, sobre los mitos de la minería. El libro tuvo mucha repercusión; tal es así que va por su tercera reedición, fue publicado en Uruguay y Ecuador y ahora está por tener su versión peruana. En Ecuador también se hizo una obra de radioteatro popular inspirada en el mismo (Killaricocha) y, en nuestro país, un documental, el de Germán Ciari, (Desiertos de Piedra), estrenado este año”.

Entre los mitos que buscan sostener la minería a gran escala, los económicos son los más paradigmáticos. Por ejemplo, la asociación entre minería y puestos de trabajo. En realidad, la minería a gran escala es una actividad económica capital-intensiva, pero no trabajo-intensiva. Así, por cada millón de dólares invertido, se crean apenas entre 0,5 y 2 empleos directos. En Argentina, la minería representa menos del 0,7% del total de los asalariados registrados. Sin embargo, en 2011, la Secretaría de Minería, en su página web, publicaba que la actividad ya generaba 517.500 empleos, lo cual es falso. Según los últimos datos elaborados por el equipo de investigación de la disertante, tomando como base el Boletín Anual de Empleo y Empresas 2011, elaborado por el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social, la actividad minera, para ese año, totalizaba unos 28.743 puestos de trabajo directo. Estamos muy lejos de las cifras difundidas oficialmente. Así, una de las estrategias es inflar las estadísticas para tratar de crear en la población la ilusión de que la minería vendría a resolver los problemas de empleo.

Otro de los mitos consiste en asociar minería y motor de desarrollo. Sin embargo, la megaminería está lejos de promover el desarrollo regional. Más bien, compite por agua y recursos con la agricultura, la ganadería y el turismo, y produce fuertes procesos de reconfiguración territorial, que llevan a la consolidación de enclaves de exportación, que no generan encadenamientos endógenos, dependientes del mercado internacional. Vean el caso de Bajo La Alumbrera, la principal exportadora en Catamarca desde 1997. Pese a ello, esta provincia sigue siendo una de las más pobres del país, con altísimos niveles de empleo público y personas asistidas con planes sociales. Esto sucede también en Santa Cruz, provincia de enclaves, donde la minería está lejos de ser motor de desarrollo. Por ejemplo, el año pasado el gobierno provincial reclamó a las corporaciones mineras que “invirtieran más dinero” en un fondo de Responsabilidad Social Empresarial. Les pedía 14 millones de pesos por mes para financiar los 14 hospitales de la provincia, poniendo en evidencia la profunda crisis del Estado provincial, en medio de huelgas y reclamos de empleados públicos. Las empresas rechazaron el pedido y eso llevó a una situación de máxima tensión con el gobernador, luego abandonado por el Poder Ejecutivo Nacional.

La expansión de la megaminería confirma la ecuación “exiguos ingresos fiscales versus enormes ganancias empresariales”. No por casualidad, en 2011 Catamarca continuaba recibiendo del Estado Nacional, es decir del conjunto de los argentinos, el triple de fondos que Mendoza, y San Juan, el símbolo de la megaminería, el doble. Además de ello, las grandes empresas buscan en las universidades socios estratégicos, en algunos casos, como el de aquellas ligadas al modelo minero, para obtener la legitimación que la propia población les niega. Por ejemplo, Bajo La Alumbrera, pionera en esto, firmó varios convenios con universidades públicas, que incluyen cláusulas de confidencialidad. Hoy, la empresa Apache, que explota gas no convencional en Neuquén, y tiene conflicto con comunidades mapuches por haber ingresado a sus territorios sin autorización ni consulta previa, firmó un convenio con la Universidad Nacional del Comahue, a la que donó una biblioteca. Se configuran así unidades de negocios entre ambas, bajo el paraguas no sólo de una concepción lineal y productivista del desarrollo, sino también de un discurso asociado a la responsabilidad social de las empresas (RSE).

También hay que decir que esta estrategia de mercantilización del saber encontró obstáculos, ya que las universidades y el propio sistema científico están lejos de ser homogéneos. Por ejemplo, en 2009, se abrió el debate en relación a los fondos de La Alumbrera, el emprendimiento minero más cuestionado del país, y la gente en las universidades se enteró que la Universidad Nacional de Tucumán era socia del mismo, a través del YMAD (Yacimiento Minero Aguas del Dionisio), y que las universidades públicas recibían parte de esos beneficios, desde 2007. Ese debate posibilitó la socialización de saber y obligó al conjunto de las universidades a posicionarse en relación a esta actividad. Algunas, como la Universidad Nacional de Córdoba, fueron ejemplares en esto, fundamentando el rechazo de los fondos mineros luego de un debate amplio e interdisciplinario.

Pero en muchas universidades, hubo y sigue habiendo un doble discurso. El llamado progresismo académico evita discutir cuestiones que ponen en el tapete el rol de la universidad pública y problematizan su vínculo con los movimientos sociales. Queda claro, son temas en los que el oficialismo no tiene un discurso nacional y popular que ofrecer.

En relación a la nueva relación entre Chevron e YPF en función de la explotación del yacimiento Vaca Muerta, la doctora Svampa sostiene que Vaca Muerta es uno de los yacimientos de hidrocarburos no convencionales, que está en la cuenca del Neuquén. Pero bueno es decir que es una buena parte del territorio nacional que estaría comprometido por este tipo de explotación. Para el caso de Vaca Muerta sabemos que, por el momento, la asociación con Chevron no fue posible, ya que esta última fue embargada por 19.000 millones de dólares, debido a una sentencia que tiene en Ecuador (cuando era Texaco), por el delito de contaminación y de violación de derechos indígenas. Gracias a los tratados de reciprocidad que la Argentina tiene con Ecuador, la justicia de este país dio curso al embargo y puso en duda el acuerdo de inversión conjunta por 1.000 millones de dólares entre Chevron e YPF para avanzar en 100 perforaciones de shale gas en Vaca Muerta.
Así, YPF tendría que buscar nuevos socios.

En un momento se hablaba de la venezolana PDVESA. Conviene aclarar que los costos operativos de una explotación de gas no convencional, mediante fractura hidráulica o fracking, superan largamente los de un pozo convencional; con lo cual estos exigen enormes subsidios del Estado (como sucede en Estados Unidos), o asociación con grandes empresas del sector. Hay expertos que sostienen que para que el fracking sea rentable para dichas empresas, habría que modificar el marco regulatorio de la actividad, tal como sucedió en Ucrania y otros países, de la mano de la USAID. Y esto también sería difícil de justificar en clave nacional y popular.