El Gobierno colombiano aprobó una ley que busca acabar de una vez por todas con la práctica del mercenarismo, uno de los negocios más lucrativos tanto de mafias estatales como paraestatales en el país, así como, probablemente, el fenómeno que peor imagen de Colombia proyecta al resto del mundo.
Por Mirko Casale
Para RT
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La norma, que venía tramitándose desde 2024, busca “frenar la participación de ciudadanos colombianos en conflictos armados extranjeros” y plegarse al marco legal de la ONU “contra el reclutamiento, utilización, financiación y entrenamiento de mercenarios”.
Según la disposición ya aprobada en su última instancia, el Estado establecerá sanciones penales contra quienes recluten o financien mercenarios o, de alguna u otra manera, participen en la logística que facilita que colombianos participen en conflictos armados fuera del país. O, con menos palabrería legal, podemos decir que la denominada Ley 2569 prohíbe el mercenarismo.
Cantidades considerables
Según datos oficiales, cada año las autoridades aduaneras colombianas identifican centenares de mercenarios, pero hasta ahora carecían de herramientas legales para impedirles el tránsito hacia el extranjero.
Así, los funcionarios de frontera se encontraban con perfiles claramente ‘mercenariescos’ (por su destino, motivo aducido de viaje, perfil, etc.), pero no podían hacer nada para evitar que salieran de Colombia a servir en unas Fuerzas Armadas o estructuras paramilitares de otro país. Esta realidad cambia con el nuevo marco legal.
Por otro lado, el número real de mercenarios que marchan al extranjero es mucho mayor que el de viajeros poco sutiles que hablan como mercenario, lucen como mercenario y se comportan como mercenarios.
Por ejemplo, a algún aduanero del aeropuerto de Bogotá le resultará sin duda algo peculiar el repentino aumento de colombianos que quieren visitar Sudán como “turistas”, pero todavía menos desapercibidos pasan estos “turistas” en la nación africana.
De hecho, la llegada de ciudadanos de Colombia al país, en medio de un conflicto armado interno en marcha, provocó las protestas de las autoridades de Jartum en su momento, sirviendo como impulso de la ley ahora recién aprobada.
Ucrania como destino principal
Pero donde más se exhiben sin duda estos ahora productos ilegales de exportación es en las fuerzas militares de Ucrania, donde según los datos disponibles, hasta 7.000 mercenarios colombianos habrían servido en los últimos cuatro años.
Esto convertiría a la nación sudamericana en la principal fuente de mano de obra (o carne de cañón, según se mire) de las fuerzas mercenarias al servicio de Zelenski y compañía.
Al contrario que otros casos, como polacos, ingleses, alemanes, finlandeses o estadounidenses, en los que entre las motivaciones principales para lanzarse a combatir contra Rusia pudieran estar rencores o rivalidades geopolíticas, en el caso de los mercenarios de origen colombiano, la principal motivación con diferencia es la monetaria.
Claro, hay que tener en cuenta que la promesa de pago puede llegar en ocasiones a diez veces más de lo que cobra un militar, policía o vigilante en Colombia.
El modus operandi suele ser el mismo: un video de captación en redes sociales, ocasionalmente presentado por una figura atractiva como incentivo, promesas de dinero fácil, encuentro con los organizadores, viaje y firma de contrato.
Según varios testimonios, llegar a Europa Occidental con esas credenciales facilitaba su tránsito en aduanas, tránsito que podría haber terminado fácilmente en deportación de no contar con el “aval” de que viajaban con el objetivo de combatir.
Por cierto, la mayoría de captados afirma que descubrió su vocación mercenaria gracias a videos en TikTok, plataforma que, según relatan, permitió este tipo de contenido mientras restringía otros medios hacia finales de 2024.
“Quiero volver para Colombia, estoy muy preocupado”
Sea como fuera que llegaron a ser reclutados, lo cierto es que miles de mercenarios colombianos mordieron el anzuelo, muchos producto de la desesperación financiera o familiar, algunos por creer que la guerra es como los videojuegos y otros por ingenuidad.
Como el caso de los integrantes del llamado “dúo dinámico del mercenarismo”, quienes, después de combatir, intentaron regresar a Colombia pero fueron detenidos en Venezuela y extraditados a Moscú.
Para colmo, como era de esperar, las promesas de pago quedaron en nada, y en lugar de dinero, los mercenarios se encontraron con salarios bajos o atrasados, condiciones precarias y misiones de alto riesgo. “Esto no es un juego, acá pierdes la vida instantáneamente”, dice uno de ellos; “no vengan acá”, advierte otro. “Quiero volver para Colombia, estoy muy preocupado”, confiesa un tercero en redes sociales.
La marca de un pasado violento
Así, con la nueva ley, Colombia da un paso importante en la lucha contra un fenómeno que le ha valido la reputación de nación exportadora de sicarios.
Sin embargo, no está claro qué tan lejos llegará este esfuerzo legal, frente a las posibles dificultades en su implementación.
Un estigma que se remonta, especialmente, al asesinato del presidente de Haití en 2021, cuando un grupo de mercenarios colombianos participó en el crimen de Jovenel Moïse.
Y más allá de la mala reputación, el mercenarismo evidencia las profundas heridas del conflicto interno colombiano, donde la violencia estructural y la desigualdad social han llevado a que algunos vean en el homicidio por dinero una salida laboral.