Entre la insatisfacción ciudadana, el avance de las ultraderechas y el poder sin contrapesos de las plataformas digitales, el sistema democrático enfrenta una crisis para la que nadie diseñó una salida. Argentina no es la excepción, sino una regla.
Por Carlos Capasso
Para Página 12
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Hay una peligrosa comodidad en imaginar que la democracia muere de manera dramática: un tanque frente a una casa de gobierno, un decreto de emergencia, un líder que anula las elecciones. La realidad es más incómoda. El deterioro es lento, burocrático, aburrido y, por eso, tan difícil de resistir.
El sociólogo Juan Linz lo advirtió en 1978 en La quiebra de las democracias: ninguna de las democracias que estudió cayó por una fuerza externa, sino por un proceso internamente político de desorganización y deslegitimación. El mecanismo es siempre parecido: primero la deslealtad —actores que usan las reglas sin creer en ellas—, luego la semilealtad —élites que toleran o negocian con quienes sí las violan— y, finalmente, la parálisis institucional que abre la puerta a salidas autoritarias. Una implosión en cuotas, lenta e inexorable.
Los politólogos Steven Levitsky y Lucan Way actualizaron ese diagnóstico con el concepto de autocratización: líderes que llegan al poder por vías electorales y desmantelan los contrapesos desde adentro, de forma gradual y ambigua. En Argentina, el gobierno de Milei opera en esa sintonía mediante decretos, resoluciones y extorsiones al sistema político.
La crisis es también estructural. Las instituciones democráticas fueron construidas para un mundo de problemas delimitados y horizontes manejables. Esa correspondencia hoy está rota: el cambio climático no respeta fronteras ni ciclos electorales, las crisis financieras se propagan por mercados que ningún parlamento regula y las guerras —como la de Ucrania, Irán o el genocidio en Gaza— redistribuyen el poder geopolítico sin que ninguna asamblea lo haya votado. El resultado es una democracia en déficit estructural: no porque sus actores sean irresponsables, sino porque genera expectativas que no puede satisfacer. En Argentina, la participación electoral cayó del 77% en 2023 al 67% en las legislativas de 2025. La inflación, la informalidad y la pérdida de salario real configuraron un escenario donde votar dejó de percibirse como una herramienta para mejorar las condiciones de vida.
Los nuevos señores feudales
En esta reconfiguración del poder aparece un actor que la política tradicional tarda en incorporar: las grandes plataformas digitales. Yanis Varoufakis, en Tecnofeudalismo (2023), expuso que estas empresas ya no compiten dentro del capitalismo sino que operan con otra lógica: no extraen plusvalía del trabajo, sino renta. Amazon, Google y Meta son propietarios de la infraestructura sobre la que transcurre la vida económica, social y política, sin estar sujetos a los mecanismos de regulación que tomaron siglos construir. En ese ecosistema opera Palantir, la empresa de Peter Thiel: que dentro de sus servicios se encuentra el análisis masivo de datos con IA, que fueron utilizados en el targeting de Israel en Gaza, en operaciones militares de Estados Unidos en Irán y en la persecución de migrantes por el ICE. La infraestructura digital tiene dueños, tiene clientes y tiene consecuencias políticas concretas.
El Nóbel de Economía 2024, Daron Acemoglu, desmonta el mito de que el progreso tecnológico es inherentemente beneficioso. Las tecnologías tienen los efectos que resultan de las decisiones de quienes las diseñan. La IA sigue una trayectoria particular porque un grupo ínfimo de actores privados toma esas decisiones sin deliberación pública: el resultado tiende a sustituir trabajo humano, concentrar ganancias en los dueños del capital digital y producir sistemas de decisión fuera de cualquier rendición de cuentas. Y cuando el poder económico se concentra así, el poder político tiende a seguirlo.
Sin embargo, China muestra otra forma posible. Desde 2017 ejecuta el New Generation Artificial Intelligence Development Plan: una estrategia nacional con metas hasta 2030 orientada a convertir al país en líder mundial en IA, coordinada por el Estado y no por el mercado. La pregunta no es si el Estado debe tener ese rol —China demuestra que puede— sino qué tipo de Estado, con qué fines y con qué controles democráticos. Porque la alternativa al tecnofeudalismo privado no puede ser el tecnofeudalismo estatal.
¿Qué hacemos con todo esto? Si la democracia enfrenta problemas para los que no fue diseñada, si las plataformas tienen más poder que los Estados y si la IA se despliega sin deliberación pública, la respuesta no puede ser solo institucional. Requiere algo más difícil: reconstruir la capacidad colectiva de imaginar alternativas. ¿Puede regularse el poder tecnológico sin autoritarismo digital? ¿Pueden diseñarse nuevas formas de participación a escala? ¿Qué puede aportar Argentina a ese debate? Las respuestas no están dadas. Pero la parálisis ante la complejidad siempre le hace el juego a quienes prefieren que no nos hagamos esas preguntas.