La dotación estatal pasó de unos 343 mil trabajadores en noviembre de 2023 a poco más de 273 mil en mayo, con fuertes recortes en organismos y empresas públicas como Correo Argentino, Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, el empleo en el sector público nacional registró una fuerte caída. De acuerdo con las cifras difundidas por el INDEC, la dotación pasó de alrededor de 343 mil trabajadores en noviembre de 2023 a poco más de 273 mil en mayo, lo que representa una reducción cercana a los 70 mil puestos de trabajo.
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El ajuste se enmarca en una de las principales políticas del Gobierno nacional: reducir el tamaño del Estado y avanzar con recortes en organismos, dependencias y empresas públicas. En ese contexto, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió que la disminución de personal tuvo impacto tanto en la administración pública nacional como en empresas y sociedades del Estado.
Según el relevamiento, la baja acumulada implica una caída del 22% en la dotación de personal. Del total registrado en mayo, unos 87 mil empleados corresponden a empresas y sociedades del Estado, mientras que el resto se distribuye entre la administración centralizada, descentralizada, desconcentrada y otros entes.
El informe de CEPA sostiene que, en términos porcentuales, el mayor recorte se concentró en la administración centralizada. Luego aparecen las empresas y sociedades del Estado, la administración descentralizada, la desconcentrada y otros entes.
Entre las empresas estatales, el caso más significativo es el del Correo Argentino, que encabeza el listado con 5.449 despidos. Le siguen el Banco Nación, con 2.368 desvinculaciones, y Aerolíneas Argentinas, con 1.993.
También se registraron recortes en la Casa de la Moneda, con 715 despidos; la Agencia de Publicidad del Estado, con 638; Belgrano Cargas y Logística, con 594; y Fabricaciones Militares, donde se desvincularon 450 trabajadores.
Desde el Gobierno nacional defienden la política de reducción del gasto público como parte del programa de ajuste fiscal. En tanto, desde distintos sectores sindicales y centros de estudio advierten por el impacto de las desvinculaciones en áreas consideradas estratégicas para el funcionamiento del Estado.