Nueve policías imputados por incumplimiento en el caso de Natalia Cruz

La investigación por el femicidio de Natalia Cruz, una mujer de 37 años asesinada el 17 de febrero de 2026 en el barrio Luz y Fuerza de Campo Quijano, avanza significativamente. En este contexto, la Fiscalía imputará a nueve efectivos de la comisaría local, quienes estaban encargados de cumplir con las órdenes judiciales de protección para la víctima.

Desde el inicio del caso, la familia de Natalia ha sostenido que hubo un grave incumplimiento por parte de las fuerzas de seguridad. A pocas horas de su asesinato, ella había acudido a la comisaría para informarse sobre la medida de protección que debía salvaguardar su seguridad. Sin embargo, la custodia dispuesta por el Juzgado de Violencia Familiar y de Género nunca fue implementada, según se alega.

Los abogados de la querella, Sol Pastrana y Federico Vanni, han señalado que las audiencias de imputación se realizaron los días 21 y 22 de julio, y que se prevé una última audiencia para el martes 28 de julio. Los letrados argumentan que los efectivos involucrados no ejecutaron la medida judicial destinada a proteger a Natalia, lo que facilitó la consumación del femicidio.

Además, la querella ha denunciado que algunos policías habrían elaborado un informe oficial falso tras el crimen. Este documento afirmaba que habían visitado el domicilio de la víctima antes del ataque y que no encontraron a nadie. Sin embargo, esta versión fue desmentida a lo largo de la investigación.

Pastrana y Vanni han destacado que estas imputaciones representan un avance crucial en el esclarecimiento de las responsabilidades funcionales de aquellos que tenían la obligación legal de proteger a Natalia. Resaltaron que la medida de custodia había sido solicitada en múltiples ocasiones durante varios meses a través de diversas presentaciones judiciales.

Finalmente, la Fiscalía ha decidido impulsar las imputaciones correspondientes ante la gravedad de la situación, lo que podría tener importantes repercusiones en el ámbito de la seguridad y protección de las víctimas de violencia de género en la región.