La iniciativa de Defensa de la Soberanía Nacional crea un Consejo de Seguridad Nacional y reemplaza el régimen de la Ley 26.659.
El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que el Gobierno de Javier Milei envió al Congreso generó un nuevo foco de discusión entre el oficialismo y los bloques opositores, especialmente por el alcance de las facultades que propone otorgar al Poder Ejecutivo y por el rol que tendría el Parlamento en el seguimiento de las políticas vinculadas con las Islas Malvinas.
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La iniciativa fue enviada el jueves a la Cámara de Diputados y, según explicó la Casa Rosada, busca reemplazar la Ley 26.659, establecer un régimen más amplio de sanciones contra quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina y crear un Sistema de Seguridad Nacional, encabezado por un Consejo de Seguridad Nacional.
El proyecto contempla que ese Consejo esté integrado por el Presidente, ministros y otras autoridades y que tenga funciones de coordinación de las políticas vinculadas con seguridad, defensa, inteligencia, relaciones exteriores y protección de infraestructura crítica.
El contenido de la iniciativa generó cuestionamientos de distintos sectores de la oposición. Uno de los puntos de discusión es la participación del Congreso en las decisiones y en el seguimiento de las políticas relacionadas con la soberanía sobre Malvinas.
En ese marco, durante la sesión del Senado, la senadora Carolina Moisés, de Convicción Federal, planteó el tratamiento sobre tablas de un proyecto para crear una Comisión Bicameral por la Causa Malvinas.
“Lo que quiere Convicción Federal es hacer respetar la participación que debe tener el Poder Legislativo en esta materia”, explicó Moisés, quien vinculó su planteo con el proyecto de soberanía enviado por el Ejecutivo.
El pedido abrió una discusión entre los distintos bloques sobre qué tipo de comisión debería crearse y cuál debería ser su alcance. La posibilidad planteada incluye tanto una comisión bicameral como una comisión permanente del Congreso que pueda realizar un seguimiento de las acciones que lleve adelante el Ejecutivo.
El debate se produjo en paralelo con otros proyectos impulsados por la oposición y generó negociaciones dentro del recinto. Finalmente, el pedido de tratamiento sobre tablas fue retirado con el compromiso de discutir el tema el próximo martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Otro de los cuestionamientos está relacionado con la modificación del régimen vigente sobre la explotación de recursos naturales en las áreas vinculadas con la disputa de soberanía. Desde el Gobierno sostienen que el nuevo proyecto busca endurecer las sanciones y generar herramientas para impedir la explotación no autorizada de recursos.
La iniciativa oficial también incorpora cambios en materia de defensa, seguridad e inteligencia, además de mecanismos para la protección de infraestructura crítica. El Gobierno sostiene que se trata de una herramienta integral para fortalecer las capacidades del Estado frente a amenazas externas.
El proyecto ingresó al Congreso en un momento de fuerte actividad parlamentaria y ahora deberá avanzar por las comisiones correspondientes antes de llegar al recinto. Mientras tanto, la discusión sobre el rol del Congreso en la política de Malvinas quedó instalada como uno de los primeros puntos de debate alrededor de la nueva iniciativa.