Prisión domiciliaria para Jorge Anaya González y Nicolás Vargas en Tucumán

En un desarrollo judicial significativo, el juez Sebastián Noriela Parache ha dictado arresto domiciliario por 45 días para Jorge Anaya González y Nicolás Vargas, quienes han sido imputados por desobediencia judicial y portación ilegítima de arma de guerra. Esta decisión se produce en el contexto de un caso que ha capturado la atención pública debido a la histórica rivalidad entre los clanes Ale y Gardelitos, que ha tenido su eco en los tribunales provinciales.

Los acusados, que fueron detenidos el 24 de septiembre, están obligados a pagar una caución de $3,5 millones cada uno para poder cumplir con la medida de arresto domiciliario. El juez estableció que la vigencia de esta medida se extenderá hasta el 10 de noviembre, momento en el cual se espera que las partes involucradas cumplan con las condiciones impuestas por la ley.

Ambos imputados están bajo sospecha por haber amenazado a Facundo Ale, en un incidente que se remonta a un violento enfrentamiento a balazos en septiembre del año pasado. En una audiencia formal, se presentaron fotos virales donde ambos exhiben armamento de grueso calibre, lo que ha generado un intenso debate sobre la naturaleza del armamento, ya que se discute si es real, de utilería o impreso en 3D.

La acusación, representada por la auxiliar fiscal Jimena Castro, argumenta que los imputados violaron deliberadamente las reglas de conducta establecidas para esperar el juicio en libertad. A pesar de tener una orden de restricción que les prohibía acercarse a Ale, entre febrero y septiembre de este año, enviaron imágenes amedrentadoras a personas del entorno de la víctima.

El análisis pericial realizado por Miguel Delgado, un especialista en criminalística del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), sugiere que el armamento en las fotografías podría ser un fusil táctico AR-15 o una pistola Glock 17. Este punto ha sido crucial en la defensa, encabezada por Facundo Herrera, quien argumentó que no se ha encontrado evidencia de armas en varios allanamientos realizados.

Durante la audiencia, Facundo Ale relató los hostigamientos que él y sus allegados han sufrido, evidenciando un patrón de amenazas y violencia en torno a este conflicto. Ale hizo hincapié en incidentes previos que han marcado su vida, lo que añade un contexto alarmante a la situación judicial actual.

La defensa de Anaya González y Vargas ha optado por no declarar, mientras que la situación jurídica de Ale se complica, dado que la fiscalía busca una pena significativa por su historial delictivo. Es un momento crítico en el que la justicia de Tucumán enfrenta el desafío de gestionar un caso que no solo involucra la ley, sino también la seguridad de los ciudadanos involucrados.