Rodrigo y Noelia relataron en Noticiero 7 el impacto que la situación tuvo en la vida de su hija. El abogado de la familia explicó que hay dos causas penales y cuestionó la falta de respuestas para proteger a la víctima.
La vida de Lucrecia cambió drásticamente luego de que se difundiera un video íntimo suyo entre compañeros y personas de su entorno.
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Sus padres, Rodrigo y Noelia, contaron en Noticiero 7 el profundo impacto emocional que atraviesa su hija y denunciaron que el hostigamiento continuó en Bariloche, con episodios de violencia física, verbal y psicológica.
La adolescente recibe asistencia psicológica y psiquiátrica y, según relató su familia, las consecuencias de lo ocurrido afectan su vida cotidiana al punto de dificultarle salir de su domicilio.
En la entrevista, los padres estuvieron acompañados por Roberto Casorla Yalet, abogado de la familia, quien detalló que el caso comprende dos investigaciones penales: una por la presunta extracción y difusión de material íntimo sin consentimiento y otra por las agresiones, amenazas y situaciones de hostigamiento que habría sufrido la joven.
Dos causas penales y posibles responsabilidades
Casorla Yalet explicó que la primera investigación se inició a partir de la denuncia presentada por Noelia Vélez, madre de la adolescente y abogada. Según indicó, personas del entorno de confianza de Lucrecia habrían accedido a su teléfono celular sin autorización, extraído material íntimo y posteriormente lo distribuido.
De acuerdo con el letrado, esta causa tiene tres imputados, aunque sostuvo que la investigación continúa para determinar si existen otras personas involucradas.
La segunda causa está vinculada con las lesiones y los episodios de violencia física y psicológica que habría padecido la adolescente. El abogado señaló que se investiga tanto el hostigamiento sistemático como las amenazas y otras conductas que, según la familia, agravaron las consecuencias de la difusión del video.
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Asimismo, indicó que ambas investigaciones podrían contemplar penas de hasta seis años de prisión, de acuerdo con las figuras penales que eventualmente se acrediten. La determinación de responsabilidades corresponderá a la Justicia.
“La única persona que está castigada es la víctima”
Durante la entrevista, Rodrigo expresó el dolor que atraviesa la familia y cuestionó que, pese al tiempo transcurrido desde el inicio de los hechos, su hija continúe sufriendo sus consecuencias.
“Esto no comenzó hace diez días, cuando salió el video. Esto comienza en abril”, sostuvo al explicar que la situación se arrastra desde hace varios meses y que, a su entender, las respuestas recibidas no fueron suficientes para garantizar la protección de Lucrecia.
El padre también remarcó la importancia de visibilizar estos casos y diferenció lo sucedido de una situación de bullying convencional. Consideró que se trata de un proceso de acoso sistemático que puede tener consecuencias graves sobre la salud emocional y la vida de las víctimas.
Por su parte, el abogado cuestionó que Lucrecia haya quedado prácticamente recluida mientras las investigaciones continúan. “La propia víctima no encuentra causas que hayan justificado todo lo que ocurrió”, señaló durante la conversación.
La reacción de la familia ante el video de la agresión
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Uno de los momentos más duros de la entrevista estuvo relacionado con la difusión de un video en el que una joven relataba una agresión contra Lucrecia. Los entrevistados cuestionaron la manera en que se describieron los hechos y la aparente naturalización de la violencia ejercida.
Casorla Yalet sostuvo que ese material resulta relevante para analizar el contexto de lo sucedido, ya que, según su interpretación, en el relato se hacía referencia al conocimiento previo de la difusión del video íntimo y de las situaciones de hostigamiento que atravesaba la adolescente.
La familia expresó su indignación por el daño que, asegura, continúa sufriendo Lucrecia y por la exposición pública que rodeó el caso.
Educación inició un sumario por la actuación de la escuela
Noelia también se refirió a la respuesta de la institución educativa. Según explicó, luego de denunciar a tres menores que eran compañeros de su hija, puso la situación en conocimiento de la escuela.
La madre sostuvo que desde el establecimiento le indicaron que debían esperar a que se dictaran medidas perimetrales para poder avanzar con determinadas acciones. En ese contexto, señaló que el Ministerio de Educación inició un sumario para revisar las medidas adoptadas por la institución desde que tomó conocimiento de los hechos.
La familia cuestionó que las respuestas institucionales no hayan sido suficientes para resguardar a la adolescente y evitar que continuara expuesta a situaciones de violencia.
El abogado, por su parte, manifestó reparos sobre la manera en que se habrían tomado algunas declaraciones testimoniales y consideró que determinados procedimientos pudieron haber dificultado el avance de la investigación. Esas observaciones forman parte de los cuestionamientos expresados por la familia y su representación legal.
El impacto emocional y el acompañamiento
Rodrigo y Noelia contaron que cuentan con el respaldo de familiares y de numerosas personas que se solidarizaron con Lucrecia. También destacaron el acompañamiento de gran parte de su entorno, aunque señalaron que algunas personas que mantenían una relación cercana con la adolescente se alejaron o no brindaron el apoyo que esperaban.
Los padres describieron una situación de profunda vulnerabilidad emocional. Relataron que hubo noches en las que su hija necesitó dormir acompañada y remarcaron el contraste entre esta realidad y la etapa de crecimiento que debería estar atravesando, próxima a comenzar sus estudios universitarios y a construir una mayor independencia.
“Tenemos a nuestra hija totalmente indefensa”, expresó Rodrigo al describir el sentimiento de impotencia que atraviesa la familia.
Mientras las causas judiciales continúan su curso, los padres de Lucrecia esperan que se esclarezcan los hechos, se determinen las responsabilidades y se adopten medidas efectivas para proteger a su hija.
El caso vuelve a poner en discusión la difusión no consentida de material íntimo, la violencia entre adolescentes y la responsabilidad de las instituciones ante situaciones de hostigamiento. Para la familia, el objetivo es que lo ocurrido no quede impune y que la experiencia de Lucrecia contribuya a visibilizar otras situaciones similares.