El proyecto busca generar conciencia sobre la responsabilidad de las funciones estatales.
La presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia de Catamarca, Cecilia Guerrero (FT), presentó un proyecto de ley para que los delitos cometidos o agravados por violencia de género y los delitos contra la integridad sexual sean considerados una causal de cesantía en los tres poderes de ese Estado provincial, y a su vez que se le permita a la víctima de estos delitos la posibilidad de acceder al derecho del empleo público.
El proyecto propone, en primera medida, considerar la violencia de género como "una ofensa a la dignidad de las mujeres y diversidades y una violación grave a sus derechos humanos". En función de esto, pretende señalar que los hechos de violencia de género cometidos por funcionarios, empleados y agentes del Estado provincial en sus tres poderes "constituyen conducta indecorosa e indigna de la consideración y confianza que su estado oficial exige, y resultan incompatibles con el acceso, ejercicio y permanencia en la función pública", ya sea que estos hechos se produzcan en el ámbito de sus relaciones personales, familiares o laborales.
Con esta incompatibilidad no podrían ingresar ni permanecer como funcionarios o empleados del Estado aquellas personas condenadas por sentencia firme, por delitos cometidos mediante el ejercicio de violencia de género, delitos agravados por violencia de género, y delitos contra la integridad sexual.