El Gobierno apelará el fallo que obliga a continuar con el programa Volver al Trabajo

El Gobierno acatará el fallo judicial que ordenó la continuidad del programa Volver al Trabajo, pero avanzará en paralelo con una apelación para revertir la medida cautelar que frenó su reformulación. La decisión implica, en los hechos, sostener el esquema de transferencias que alcanzaba a más de 900 mil beneficiarios con un ingreso mensual de $78.000, pese a que el Ministerio de Capital Humano ya había diseñado un redireccionamiento de esos recursos hacia políticas de capacitación laboral y el establecimiento de la doble jornada en escuelas de sectores vulnerables. 

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La resolución que condiciona la estrategia oficial fue dictada por el juez federal con jurisdicción en Campana, Adrián González Charvay, que hizo lugar a una medida cautelar presentada contra la eliminación del programa. El fallo obliga al Ejecutivo a mantener vigente el plan en su formato original, al menos hasta que se resuelva el fondo de la cuestión. 

En un comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, advirtió que “el Programa Volver al Trabajo finalizó por haberse cumplido su plazo de vigencia de dos años”. 

“El Ministerio efectuó una amplia y masiva convocatoria a quienes eran beneficiarios del programa a fin de recibir vouchers de capacitación laboral que les permitan una inserción al empleo formal”, continuó el parte. 

Y agregó: “En virtud de dicha decisión judicial, con graves consecuencias sobre el presupuesto y la gestión ministerial, no podrán llevarse a cabo dos políticas prioritarias: los vouchers de formación laboral ni la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables”. 

En la Casa Rosada interpretan la decisión como una intromisión del Poder Judicial en el diseño de la política pública. “Vamos a acatar lo que diga la Justicia, aunque no estemos de acuerdo”, señalaron fuentes oficiales. 

El eje del conflicto remite a la reconversión de los planes sociales, que buscaba pasar de la asistencia directa a un modelo centrado en empleo y educación. Esa estrategia quedó interrumpida por la cautelar. 

Desde el Gobierno aseguran que el rediseño contemplaba una reasignación presupuestaria para mejorar la empleabilidad y ampliar la escolaridad en sectores vulnerables. 

El fallo, sostienen, consolida un modelo de asistencialismo que el Gobierno intenta modificar y limita su margen de acción en la política social. 

En paralelo, el Ejecutivo avanzará con la apelación judicial para revertir la cautelar y recuperar la potestad de definir la asignación de recursos. 

Mientras tanto, el programa continuará vigente, en medio del debate entre transferencias sociales y políticas de inserción laboral y educativa.