Con argumentos similares, la administración de Donald Trump había acusado a Nicolás Maduro y lo capturó en Venezuela en los primeros días de enero.
Las tensiones en la relación entre Estados Unidos y México aumentaron este viernes cuando la Fiscalía General mexicana rechazó la detención preventiva del gobernador oficialista de Sinaloa y otros nueve funcionarios como había pedido una fiscal de Nueva York en una causa por narcotráfico y tenencia ilícita de armas.
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En medio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó sentirse "fuerte y muy segura" en su postura de no avalar la injerencia de Estados Unidos en la cuestión del narcotráfico, pese a que Donald Trump le ofreció "ayuda para luchar contra los carteles" de drogas varias veces. "Siempre vamos a defender la soberanía por encima de todo", acotó la mandataria.
Después de analizar el pedido de detención que le enviaron desde Nueva York, el fiscal de control de competencias, Raúl Jiménez Vázquez, dijo a la prensa que “no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia del porqué de la urgencia de la detención provisional” de los funcionarios de los estados de Sinaloa y Chihuahua.
La justicia de Estados Unidos había vinculado el miércoles en una causa por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios mexicanos entre los que se incluyen un alcalde y un congresista del partido gobernante Morena, un fiscal y policías activos y retirados.
La fiscalía neoyorkina acusa a los diez funcionarios de desempeñar un rol fundamental al ayudar al Cartel de Sinaloa a introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos
A tono con la postura que la presidenta Sheinbaum hizo pública el jueves en defensa de la sobernía y con la advertencia de que si no se confirmaban con hechos las acusaciones se trataba de imputaciones lanzadas con "un objetivo político" por el Departamento de Estado, el fiscal Jiménez Vázquez indicó que “no existen pruebas” en los documentos que enviaron las autoridades estadounidenses que acrediten un presunto delito para otorgar la medida de detención provisional.
En ese sentido, el funcionario anunció que la cancillería mexicana solicitará a Estados Unidos las pruebas, argumentos, informes y documentos que sean necesarios, por las vías que garanticen la confidencialidad, y fijar una nueva posición.
Ante las acusaciones públicas realizadas desde Estados Unidos y en forma paralela a la causa en Nueva York, la Fiscalía General de México también adelantando una investigación del caso.
Rocha Moya, quien gobierna Sinaloa desde 2021, y los demás funcionarios han rechazado las acusaciones y han aseguraron que el proceso busca atacar a Morena.
Qué dicen las acusaciones contra los funcionarios mexicanos
Según la acusación, algunos de los testigos en la causa habían participado personalmente en la campaña de violencia y represalias del cártel de Sinaloa.
La acusación alega que estaban estrechamente vinculados a la facción de ese cártel conocida como "Los Chapitos", dirigida por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el ex jefe del cartel que actualmente cumple cadena perpetua en una prisión estadounidense.