La Cámara Federal porteña dejó sin efecto el procesamiento del ex presidente en la investigación por presuntas irregularidades en contratos de seguros estatales. La causa seguirá abierta y el juez Ariel Lijo deberá volver a definir su situación.
La Cámara Federal porteña resolvió este jueves revocar el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en la causa que investiga presuntas maniobras de direccionamiento en la contratación de seguros para organismos públicos durante su gestión y le dictó la falta de mérito.
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La decisión fue adoptada por la Sala II del tribunal de apelaciones de Comodoro Py en cumplimiento de un fallo previo de la Cámara Federal de Casación Penal, que había anulado el procesamiento y ordenado emitir una nueva resolución.
De esta manera, el ex mandatario continuará siendo investigado en el expediente, aunque por el momento no tendrá un procesamiento firme en su contra. El caso se encuentra actualmente bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo, quien deberá volver a resolver la situación judicial de Fernández una vez que se produzcan nuevas medidas de prueba solicitadas por su defensa.
Esto implica que el ex presidente podría volver a ser procesado, recibir nuevamente una falta de mérito o incluso ser sobreseído.
La resolución de la Cámara se produjo luego de que el fiscal ante ese tribunal, José Luis Aguero Iturbe, sostuviera durante una audiencia oral que aún era necesario profundizar la investigación respecto de Fernández.
El camarista Roberto Boico aclaró en su voto que adoptó la decisión “en exclusiva sujeción” a lo dispuesto por Casación, aunque remarcó que mantenía conceptualmente la postura que había sostenido al confirmar anteriormente el procesamiento del ex mandatario.
En la misma línea, el juez Martín Irurzun señaló que revocaba el procesamiento y el embargo “dejando a salvo” su opinión personal, únicamente por lo resuelto por el tribunal superior.
La decisión fue firmada por Boico, Irurzun y Eduardo Farah, quien además disintió parcialmente respecto de otros imputados de la causa.
La causa investiga supuestas irregularidades vinculadas al Decreto 823/2021, mediante el cual se centralizaron las contrataciones de seguros estatales en Nación Seguros S.A.. Según la investigación judicial, ese esquema habría facilitado la intervención de intermediarios y coaseguradoras privadas que cobraban comisiones superiores a las habituales del mercado, generando un presunto perjuicio económico para el Estado.
El expediente también involucra al broker Héctor Martínez Sosa, amigo del ex presidente y esposo de María Cantero, ex secretaria privada de Fernández, ambos procesados en la causa.
El anterior juez del caso, Sebastián Casanello, había dispuesto el procesamiento de Fernández junto al de ex funcionarios, brokers y otros implicados. Actualmente, además de Lijo, interviene en la investigación el fiscal federal Carlos Rívolo.
Mientras tanto, la Justicia ya comenzó a tomar nuevas declaraciones testimoniales impulsadas por la defensa del ex presidente, en el marco de una investigación que continuará abierta.