La justicia indagó a las profesionales y secuestró la historia clínica de un sanatorio capitalino. Los padres afirman que su hija nació muerta, pero los informes aluden a una reanimación infructuosa.
Dos médicas de esta Capital fueron imputadas por la Justicia en el marco de una causa que investiga un presunto caso de mala praxis durante el parto de una beba que falleció a las pocas horas de nacer. La investigación también incluye la sospecha de que la madre no habría sido registrada en los libros del sanatorio donde ocurrió el alumbramiento.
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La fiscal Luciana Jacobo imputó a las profesionales identificadas como M.B., tocoginecóloga, y M.C., médica pediatra y neonatóloga, por los supuestos delitos de “homicidio culposo y falsificación de documento”.
En la causa intervienen como querellantes las abogadas Carla Sequeira y Paula Leguizamón, quienes anticiparon que solicitarán nuevas medidas de prueba en los próximos días. Los denunciantes son los padres de la beba, Ángela Leguizamón y Cristian Paz, oriundos de la ciudad de Añatuya, departamento General Taboada.
Según consta en la denuncia, se trataba del primer embarazo de la pareja, quienes habían decidido documentar todo el proceso gestacional, sin que se les informara sobre posibles riesgos.
Al cumplirse la semana 40 de gestación, el 4 de septiembre, la pareja se trasladó a un sanatorio de esta capital. Allí, la madre comenzó a experimentar intensos dolores y una profusa hemorragia. De acuerdo con su relato, solicitó la realización de una cesárea, pero la tocoginecóloga la habría persuadido de continuar con un parto natural.
Horas más tarde nació la beba, quien presentaba un cuadro crítico. Trascendió que los médicos solicitaron suspender la filmación que realizaban los padres debido a la gravedad de la situación. La recién nacida fue trasladada a la sala de Neonatología, donde, pese a los intentos de reanimación, falleció a las 48 horas.
Los padres decidieron radicar la denuncia, lo que dio intervención a la Policía y a la Fiscalía, que ordenó la correspondiente autopsia. En su declaración, indicaron que una enfermera les habría manifestado que la beba nació sin vida, lo que contrastaría con los informes médicos que consignan maniobras de reanimación.
Ante estas presuntas irregularidades, la fiscalía imputó e indagó a las profesionales, mientras continúa el análisis de la documentación secuestrada y la toma de testimonios.
Violencia obstétrica en análisis
Por otra parte, las querellantes plantearon la necesidad de incorporar la figura de violencia de género en su modalidad obstétrica dentro de la investigación. “Queremos introducir la violencia de género en modalidad obstétrica”, expresó Sequeira, quien cuestionó además que la madre no haya sido registrada en los libros del sanatorio.
La letrada sostuvo que la Justicia debe considerar el contexto de vulnerabilidad en el que se encontraba la mujer al momento del parto, y recordó que la violencia obstétrica está contemplada en la legislación argentina.
Asimismo, citó la Ley 26.485, que define esta modalidad como aquella ejercida por el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, y la Ley 25.929, que garantiza el derecho a recibir información adecuada, trato respetuoso y participación en las decisiones médicas.
Finalmente, Sequeira remarcó que incorporar esta perspectiva no implica modificar la calificación legal de los hechos, sino garantizar una investigación integral que contemple tanto los aspectos técnicos como el respeto por los derechos humanos de la paciente.
Para la querella, el caso reviste especial gravedad debido al resultado fatal, con la muerte de la recién nacida y las consecuencias físicas y emocionales sufridas por la madre.