Reforma del Código Penal: el Gobierno aún no define el texto final y se retrasa el juicio por jurados

El Gobierno negocia la última versión de la reforma del Código Penal y frenó el envío del proyecto de juicio por jurados al Congreso. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, le envió hace dos semanas una nueva contrapropuesta a Santiago Caputo y las partes negocian un texto intermedio entre la reforma original de más de 900 páginas y una versión más reducida.

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La nueva propuesta fue enviada desde el Ministerio de Justicia a la Secretaría de Legal y Técnica, que coordina María Ibarzabal y tiene a cargo la revisión jurídica de los proyectos antes de su eventual remisión al Congreso. En Balcarce 50 sostienen que la discusión sigue abierta, pero remarcan que las partes acercaron posiciones después de meses de desencuentros internos.

La reforma penal quedó atravesada por la pelea por el control del área de Justicia. La tensión se profundizó tras el desplazamiento de Sebastián Amerio y la pérdida de influencia de Caputo en el ministerio, que ahora está a cargo de Mahiques, un funcionario alineado con Karina Milei.

Legal y Técnica, en cambio, sigue bajo la órbita de Ibarzabal, una de las funcionarias de mayor confianza del asesor presidencial.

La discusión central pasa por el alcance del texto. El borrador original que se trabajó durante la gestión anterior superaba las 900 páginas e incluía una modificación muy amplia del Código Penal vigente y de leyes penales especiales. Mahiques impulsa ahora una versión más acotada, con el argumento de que una reforma demasiado extensa puede trabarse en el Congreso por su complejidad técnica y por el volumen de temas sensibles.

En el entorno de Caputo sostienen que el último borrador que recibieron reduce de forma significativa la reforma inicial. Cerca de Mahiques rechazan esa lectura y remarcan que el texto enviado desde Justicia abarca más del 35% del Código Penal, por lo que niegan que se trate de una versión mínima. En ambas partes, sin embargo, admiten que buscan “ponerse de acuerdo”.

Una de las alternativas que circula en la Casa Rosada es cerrar un punto intermedio: una reforma cercana a la mitad del texto original o de alrededor de dos tercios de la propuesta que se venía trabajando. La intención es evitar tanto un paquete demasiado chico, que pueda ser leído como una señal de retroceso, como una reforma integral que obligue al Gobierno a abrir discusiones difíciles de sostener en el Congreso.

El Gobierno quiere preservar los capítulos con mayor consenso político. Entre ellos aparecen el endurecimiento de penas para delitos sexuales, abuso sexual infantil, grooming, estafas piramidales y entraderas, entre otros. En la Casa Rosada ya habían descartado incluir cambios sobre aborto y tampoco querían abrir una discusión de fondo sobre la figura de femicidio, pese a que sectores del oficialismo habían deslizado en distintos momentos la intención de revisar ese agravante.

En paralelo, el Ejecutivo puso en pausa el proyecto de juicio por jurados, que ya estaba listo para ser enviado desde Legal y Técnica. “Se decidió frenarlo hasta que haya un nuevo código procesal”, expresan en Nación. La decisión responde a una lectura técnica y política: el Gobierno considera que no conviene avanzar con el sistema de jurados sin antes ordenar el marco procesal que definiría cómo se aplicará en la práctica.

La decisión modifica la agenda judicial que el oficialismo venía preparando para el Congreso. El proyecto de juicio por jurados había sido presentado internamente como una de las reformas posibles para el segundo semestre, pero ahora quedó postergado mientras se ordena la discusión penal y procesal.

La próxima reunión de la mesa política será clave para definir la secuencia de envíos al Congreso. El encuentro se realizará la semana que viene y estará encabezado por Karina Milei, con la participación de Diego Santilli, Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Ignacio Devitt y Fabián Fernández.

En la Casa Rosada quieren usar esa instancia para ordenar prioridades legislativas después de la salida de Manuel Adorni y el ascenso de Santilli a la Jefatura de Gabinete. La reforma electoral, Zona Fría, Inocencia Fiscal, propiedad privada y el paquete judicial forman parte del tablero que deberá administrar el nuevo esquema político.

“Al Código Penal lo vamos a terminar mandando este año, pero lo complejo va a ser conseguir los votos”, agregan en el Ejecutivo. La intención del Gobierno es que el proyecto ingrese por Diputados, donde Martín Menem encabezará las negociaciones.